Fiscalía y Corte exigieron liberación inmediata de funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca

En el comunicado, ambas instituciones pidieron que sean dejados en libertad los integrantes de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como los miembros de la Policía Nacional de Colombia Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

Las autoridades indicaron que estos funcionarios permanecen retenidos desde 2025 y señalaron que su liberación debe producirse sin condicionamientos. En el documento, enfatizaron que la administración de justicia en Colombia corresponde exclusivamente a las autoridades legítimas del Estado.

“El país es un Estado Social de Derecho, en el que la función de administrar justicia recae únicamente en los jueces”, señalaron en el pronunciamiento, en el que también hicieron referencia a la necesidad de que los secuestrados recuperen su libertad como una manifestación de voluntad de paz por parte del grupo armado.

El llamado se produce después de que el Frente de Guerra Oriental del ELN anunciara la realización de un procedimiento interno al que denominó “juicio revolucionario” contra los cuatro funcionarios retenidos. Según esa organización, dicho proceso concluyó con la imposición de sanciones que incluyen periodos de retención definidos como “prisión revolucionaria”.

De acuerdo con la información divulgada por el grupo armado, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, mientras que los integrantes de la Policía Nacional fueron retenidos el 20 de julio del mismo año en una vía entre Tame y la ciudad de Arauca.

En el mismo anuncio, el ELN indicó que estableció tiempos de retención para cada uno de los secuestrados. Según lo informado, Jesús Antonio Pacheco Oviedo deberá permanecer bajo custodia durante 60 meses y Rodrigo Antonio López Estrada por 55 meses. Para los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, el grupo señaló un periodo de 36 meses.

El pronunciamiento de la Fiscalía y la Corte Suprema se suma a otras reacciones institucionales frente a la situación. El procurador general, Gregorio Eljach, manifestó su rechazo al secuestro de los cuatro funcionarios y señaló que este tipo de hechos constituyen un delito.

Asimismo, la delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN expresó su rechazo a la decisión del grupo armado de mantener retenidos a los funcionarios. A este llamado también se unió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien señaló que la liberación de las personas secuestradas constituye un gesto necesario en el contexto de los acercamientos de paz.

El caso ha sido objeto de seguimiento desde 2025, cuando se conocieron los secuestros. En febrero de 2026, el Frente de Guerra Oriental difundió videos en los que los retenidos aparecían como prueba de supervivencia, enviando mensajes a sus familias y solicitando gestiones para lograr su liberación.

En Colombia, la competencia para investigar y juzgar delitos recae en la Rama Judicial, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores de investigación y acusación. En paralelo, existen mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz para casos relacionados con el conflicto armado bajo condiciones específicas definidas por la ley.

Las autoridades reiteraron en su comunicado que cualquier actuación que pretenda sustituir las funciones de la justicia institucional carece de validez dentro del ordenamiento jurídico colombiano y reiteraron su solicitud para que los funcionarios secuestrados sean liberados de manera inmediata.

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