Fiscalía suspendió órdenes de captura a 23 voceros de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá
La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, en una decisión adoptada a solicitud del Gobierno nacional para facilitar su participación en espacios de conversación sociojurídicos orientados al sometimiento a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación informó que suspendió las órdenes de captura contra 23 personas reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, en el marco de una solicitud realizada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se adoptó tras una petición presentada el pasado 24 de febrero y cobija a integrantes de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en esta subregión del país.
La entidad precisó que la medida “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales”, y aclaró que este aspecto no es de su competencia.
Según la Fiscalía, la decisión está respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015. En ese sentido, la Resolución 00072 del 27 de marzo establece que la suspensión tendrá una vigencia inicial de seis meses.
El objetivo, señala el documento, es que los voceros designados participen en espacios promovidos por el Gobierno nacional. En palabras de la entidad, se busca que “participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan”.
La Fiscalía también advirtió que la medida no implica inmunidad frente a nuevos delitos. “La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, indicó.
La decisión tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, en Antioquia, donde se concentrarán los encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia.
Finalmente, la entidad señaló que esta información se da a conocer por razones de interés general, en medio del desarrollo de los acercamientos impulsados por el Gobierno nacional con estructuras criminales en distintas regiones del país.
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