Fiscalía pidió circular roja de Interpol contra César Manrique por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia tramitar la expedición de una circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, en el marco del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El exfuncionario cuenta con medida de aseguramiento en centro carcelario ordenada el pasado 29 de julio por un juez penal de control de garantías de Bogotá, pero su captura no se ha hecho efectiva al desconocerse su paradero.

El exdirector ya fue imputado, junto con otros procesados en el entramado, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía señaló que las responsabilidades se establecieron de acuerdo con el rol de cada investigado, aunque ninguno aceptó los cargos formulados.

De manera paralela, el ente acusador informó que sigue vigente la solicitud a Interpol para expedir circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, también vinculado en el caso. El exfuncionario permanece en Nicaragua, donde recibió asilo político pese a la investigación en su contra. La embajada de Colombia en ese país había solicitado la renovación de su residencia el 21 de mayo de 2025, mismo día en que fue imputado por la Fiscalía.

González fue señalado como presunto responsable de delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. La condición de asilado ha impedido su extradición, pese a que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, la solicitó formalmente. Nicaragua negó la petición, al considerar que se trataba de una persecución, amparándose en convenios internacionales sobre derecho de asilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia de Colombia manifestaron inconformidad con la decisión, recordando que el asilo no aplica cuando existen motivos fundados para sostener que una persona ha cometido delitos comunes o enfrenta una acción judicial derivada de esos delitos. Según las entidades, hay material probatorio que comprometería a González en hechos relacionados con corrupción dentro del caso UNGRD.