Fiscalía logró condena contra reclutador de menores en Chaparral, Tolima

Un juez penal de conocimiento condenó a Cristian Camilo Serna Hurtado a ocho años y nueve meses de prisión por el delito de reclutamiento ilícito de menores de edad. Según la información, este hombre aceptó de manera voluntaria su responsabilidad en el reclutamiento ilícito de menores de edad.

El ente acusador indicó que los hechos investigados ocurrieron en agosto de 2024, cuando Serna Hurtado contactó a dos adolescentes en el municipio de Chaparral, Tolima.

Se agregó que se trataba de una niña de 13 años y una joven de 17. Con amenazas dirigidas a sus familias y bajo engaños, las persuadió para trasladarse a Caquetá y vincularse a una estructura armada ilegal perteneciente a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el hombre adquirió tiquetes de transporte intermunicipal para desplazar a las menores desde Chaparral hasta Guamo, en el mismo departamento. En ese momento, la madre de una de las jóvenes advirtió la situación y logró impedir que su hija abordara el bus.

La otra adolescente sí emprendió el viaje, pero fue ubicada y rescatada durante el recorrido por unidades de la Policía Nacional, quienes lograron intervenir de manera oportuna. En la misma acción fue capturado en flagrancia el responsable del reclutamiento.

Tras su detención, Serna Hurtado fue presentado ante un fiscal delegado para la Seguridad Territorial, quien le imputó el delito de reclutamiento ilícito. El procesado recibió medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba el proceso judicial.

La sentencia emitida por el juez establece que el condenado deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario y permanecer privado de la libertad durante el tiempo impuesto. La condena busca responder a la gravedad de los hechos y a la vulneración de los derechos de las menores afectadas.

Este caso se enmarca dentro de las acciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para enfrentar los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

La entidad judicial recordó que este tipo de conductas constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales de los menores y son perseguidas penalmente bajo los lineamientos establecidos en la legislación colombiana.