La Fiscalía imputará cargos por homicidio culposo contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, dentro de la investigación por el fallecimiento de Valeria Afanador, la menor de 10 años que había sido reportada como desaparecida en Cajicá y cuyo cuerpo fue encontrado tras 18 días de intensa búsqueda en un río cercano a la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles.

Dados los detalles del caso, y que la menor además tenía un diagnóstico de Síndrome de Down en su momento tras el hallazgo el caso generó una ola de reacciones, y de indignación en gran parte de la sociedad de Cundinamarca, incluso, el gobernador Jorge Emilio Rey, sostuvo que en días posteriores se buscaría establecer si en efecto el colegio adoptó los protocolos de seguridad.

De acuerdo con la información conocida, el ente investigador radicará la imputación en el marco del proceso que busca establecer responsabilidades en torno a los hechos ocurridos durante la jornada escolar en la que la estudiante desapareció dentro de las instalaciones del colegio.

Según lo establecido en la investigación, los docentes señalados habrían tenido bajo su responsabilidad directa el deber de vigilancia y protección de la menor en el momento en que se presentó la desaparición, la Fiscalía evaluará si existió una posible omisión en el deber de cuidado por parte de los educadores.

El cuerpo de la menor, Valeria Afanador, fue encontrado sin vida en aguas de un río del municipio de Cajicá, en un sector cercano al establecimiento educativo donde cursaba sus estudios. Tras su hallazgo, las autoridades iniciaron la recolección de material probatorio con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Dentro del proceso, la Fiscalía también analizará las condiciones en las que operaba la institución educativa, ubicada en un entorno próximo a la ronda del río, y compulsará copias para que se determinen eventuales responsabilidades adicionales relacionadas con la operación del colegio.

La decisión se conoció a través de un documento oficial emitido por la fiscal delegada ante jueces del circuito, en respuesta a solicitudes presentadas dentro del proceso por la representación legal de la familia de la menor.

Luego de conocer esta determinación, la defensa de la familia de Valeria Afanador expresó su inconformidad con la decisión de no incluir a la rectora de la institución en la imputación de cargos, al considerar que también debía ser vinculada a la investigación por los hechos ocurridos.

En este sentido, el abogado que lleva el caso, Julián Quintana publicó en sus redes sociales además que “seguiremos adelante hasta que todos los responsables comparezcan ante la justicia”.

Por ahora, el proceso avanzará hacia las audiencias de imputación ante un juez de control de garantías, en las que la Fiscalía presentará los elementos materiales probatorios y la teoría del caso que sustentará la acusación por homicidio culposo.

Mientras tanto, los docentes involucrados tendrán la oportunidad de rendir sus descargos dentro del marco del debido proceso, mientras el caso continuará su desarrollo bajo seguimiento de las autoridades judiciales y la atención de la comunidad educativa.

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