Fiscalía imputó a un capitán y seis sargentos del Ejército por el presunto cobro de viáticos de viajes que no habrían existido
Siete militares, entre ellos un capitán y seis sargentos, fueron imputados por la Fiscalía tras presuntamente falsificar documentos para cobrar viáticos de misiones inexistentes en Cúcuta durante 2025.
Un fiscal adscrito a la Seccional Norte de Santander ha procedido con la imputación de cargos contra siete integrantes del Ejército Nacional de Colombia, vinculados a un batallón de operaciones terrestres con sede en la ciudad de Cúcuta. Los delitos atribuidos por el ente acusador son peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en el marco de una investigación que señala presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a comisiones de servicio.
Las órdenes de captura contra los uniformados, que incluyen a un capitán y seis sargentos, se hicieron efectivas de manera simultánea en diversas ciudades del país, tales como Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo (Cundinamarca), Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta. Estos operativos de detención estuvieron a cargo de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, contando con el apoyo del propio Ejército Nacional en las labores de localización.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, los militares habrían intervenido directamente en la elaboración, presentación y posterior legalización de documentos que soportaban supuestas "misiones de trabajo". Estos documentos justificaban viajes a distintas ciudades que, según el rastreo de los investigadores, presentan serias dudas sobre su veracidad. Con base en estos soportes documentales, se tramitaba ante la institución el reconocimiento y el pago de los viáticos correspondientes.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeLos viáticos representan el dinero que el Estado, a través de la institución castrense, entrega a sus funcionarios para cubrir gastos esenciales de alojamiento, alimentación y transporte cuando estos deben cumplir tareas específicas fuera de su sede habitual de trabajo. No obstante, la investigación sugiere que entre enero y abril de 2025, los procesados habrían legalizado comisiones de trabajo ficticias o irregulares con el fin de obtener beneficios económicos de manera ilícita.
Los investigadores encargados del caso realizaron un exhaustivo cotejo entre los informes de cumplimiento de dichas comisiones y los registros institucionales internos de las unidades militares. En este proceso de verificación, se encontraron inconsistencias significativas. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública y recogido por diversos medios de comunicación nacionales, se determinó que algunos de los viajes reportados nunca se habrían realizado en la realidad. Además, en ciertos casos específicos, los uniformados figuraban en situaciones administrativas que resultaban totalmente incompatibles con las comisiones que aparecían registradas a su nombre en las fechas señaladas.
El monto total del que se habrían apropiado los implicados en un periodo de apenas cuatro meses supera los 10 millones de pesos, según los cálculos presentados por la Fiscalía. Aunque la cifra pueda parecer menor en comparación con otros casos de corrupción, la gravedad radica en la presunta vulneración de la fe pública y el correcto funcionamiento de la administración estatal.
En el ordenamiento jurídico colombiano, el peculado por apropiación se configura cuando un servidor público se apropia, en beneficio propio o de terceros, de bienes o dineros del Estado que administra o custodia en razón de sus funciones. Por otro lado, la falsedad ideológica en documento público consiste en consignar información que no corresponde a la verdad en un documento oficial, a pesar de que el documento en sí mismo sea auténtico en su forma y origen.
Ambas conductas delictivas se encuentran debidamente tipificadas en el Código Penal colombiano. Una eventual sentencia condenatoria por estos hechos no solo acarrearía penas privativas de la libertad en centro carcelario, sino también severas inhabilidades para ejercer cargos públicos en el futuro, lo que implicaría el fin de la carrera militar para los involucrados.
Durante las audiencias preliminares, los siete militares procesados manifestaron que no aceptaban los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Ante esta negativa, el proceso judicial continuará hacia la etapa de juicio oral. En dicha instancia, el ente acusador deberá presentar formalmente el escrito de acusación y desplegar toda su capacidad probatoria para demostrar su teoría del caso ante un juez de conocimiento.
Por su parte, el juez de control de garantías que presidió las audiencias iniciales decidió no imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario o domiciliario. En su lugar, el despacho judicial ordenó una serie de restricciones para los uniformados, entre las que se destacan la prohibición expresa de salir del país y la restricción de comunicarse con los testigos que forman parte del proceso. Esto implica que el capitán y los seis sargentos enfrentarán las siguientes etapas del proceso penal en libertad, pero sujetos a los requerimientos de la justicia.
Es fundamental recordar que, como ocurre en todo proceso penal bajo el marco constitucional colombiano, los siete uniformados gozan plenamente de la presunción de inocencia. Este principio fundamental se mantiene vigente y debe ser respetado mientras no exista una sentencia condenatoria en firme que determine su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Preguntas y respuestas de contexto
¿De qué se acusa a los siete militares del Ejército?
Un capitán y seis sargentos son señalados de falsificar documentos para cobrar viáticos de misiones de trabajo inexistentes en Cúcuta. Los delitos imputados son peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
¿A cuánto asciende el monto del presunto fraude?
La Fiscalía estima que los uniformados se habrían apropiado de más de 10 millones de pesos entre enero y abril de 2025. La investigación detectó que los viajes reportados nunca se realizaron o eran incompatibles con las situaciones administrativas de los implicados.
¿Cuál es la situación jurídica actual de los procesados?
Los militares no aceptaron los cargos y enfrentarán el proceso en libertad, aunque tienen prohibido salir del país o comunicarse con los testigos. Las capturas se realizaron en ciudades como Barranquilla, Neiva, Villavicencio y Bucaramanga.
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