Contraloría encontró hallazgo fiscal por $9.000 millones en contrato de MinAgricultura para verificar subsidios de vivienda rural
La Contraloría General de la República detectó un presunto detrimento por $9.000 millones en un contrato de consultoría del Ministerio de Agricultura con el Consorcio AUDIVIV, tras hallar fotos y coordenadas duplicadas en miles de actas de visita.
La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa un contrato de consultoría suscrito por el Ministerio de Agricultura en el año 2025, tras detectar irregularidades que configurarían un presunto detrimento patrimonial valorado en $9.000 millones. El proceso de auditoría se centró en las actividades desarrolladas por el Consorcio AUDIVIV, entidad encargada de verificar la correcta asignación y ejecución de los subsidios de vivienda rural en el país. Los hallazgos del ente de control sugieren graves inconsistencias en la ejecución del objeto contractual, fundamentadas en reportes de visitas de campo poco creíbles y duplicidad sistemática de evidencias fotográficas y geográficas.
Uno de los aspectos más críticos señalados por el organismo de control fiscal reside en la logística y el ritmo de trabajo reportado por el contratista. Según los informes presentados al Ministerio de Agricultura, el Consorcio AUDIVIV aseguró haber realizado un total de 12.089 visitas de campo a las viviendas de los beneficiarios de los subsidios. Sin embargo, el análisis cronológico de estas actividades despertó las alarmas de los auditores, especialmente al observar el comportamiento del mes de noviembre de 2025.
Durante ese periodo de 30 días, el consorcio afirmó haber concentrado 6.499 visitas, lo que arroja un promedio cercano a 217 inspecciones diarias. La Contraloría enfatizó que este volumen de trabajo resulta difícil de sustentar técnicamente, considerando que las viviendas se encuentran en zonas rurales apartadas y de difícil acceso, donde los desplazamientos suelen ser complejos y prolongados. Ante este escenario, el ente de control manifestó que dicha cifra genera "dudas razonables" sobre si las visitas se llevaron a cabo realmente bajo las condiciones y estándares informados a la cartera de Agricultura.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeLa revisión detallada de los soportes documentales entregados por el contratista reveló patrones que, según la auditoría, comprometen la veracidad de la información. De las 9.636 actas de visita revisadas por los auditores, en 2.571 de ellas lo que representa aproximadamente una de cada cuatro actas se detectaron 1.105 grupos de fotografías idénticas que fueron utilizadas para certificar viviendas y beneficiarios totalmente distintos. El informe destaca un caso particularmente llamativo: la misma imagen de un baño fue anexada en 21 actas diferentes correspondientes a diez departamentos del país.
A esta situación se suma la inconsistencia en los datos de georreferenciación. En 4.509 actas, equivalentes al 46,7% del total de la muestra revisada, las coordenadas geográficas coinciden exactamente con las de otros registros de viviendas diferentes. La precisión del GPS mostró, por ejemplo, que un mismo punto de ubicación aparece repetido en 80 actas de cuatro municipios del departamento del Huila. Un fenómeno similar se presentó con otro punto geográfico que se repite en 42 actas de registros ubicados, teóricamente, en los departamentos de Tolima y Amazonas.
Más allá del presunto hallazgo fiscal de $9.000 millones, la Contraloría documentó un segundo hallazgo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con el personal del consorcio. De los 97 trabajadores reportados como personal técnico y de apoyo para la ejecución del contrato, 63 de ellos no contaban con los soportes individuales que acreditaran el pago de aportes al sistema de seguridad social. Esta irregularidad administrativa será remitida a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad que deberá adelantar las investigaciones para establecer si los aportes fueron efectivamente realizados o si hubo una omisión en las obligaciones legales del empleador.
Es importante precisar que, en el marco del control fiscal en Colombia, un hallazgo es una observación de auditoría que advierte sobre un posible daño al patrimonio público, pero por sí solo no constituye una sanción inmediata. A partir de este resultado, la Contraloría General de la República tiene la facultad de abrir un proceso de responsabilidad fiscal. Este es el procedimiento formal mediante el cual se determina la culpabilidad y se establece si los implicados deben devolver los recursos económicos al Estado. Hasta el momento, el organismo no ha confirmado la apertura oficial de dicho proceso.
Por otro lado, las presuntas incidencias de carácter disciplinario y penal serán trasladadas a las autoridades competentes, que en este tipo de casos corresponden a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente. En cuanto al Ministerio de Agricultura, la entidad estatal está obligada a ajustar su plan de mejoramiento, que es el instrumento formal donde se compromete a corregir las fallas detectadas y a fortalecer sus mecanismos de supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Al cierre de esta edición, ni el Ministerio de Agricultura ni el Consorcio AUDIVIV habían emitido pronunciamientos públicos oficiales respecto a los hallazgos presentados por la Contraloría. Cabe recordar que todas las personas y empresas mencionadas en el informe conservan su presunción de inocencia y mantienen el derecho constitucional a controvertir las observaciones y pruebas presentadas por el órgano de control durante las etapas procesales correspondientes.
Este nuevo caso se suma a una serie de cuestionamientos históricos sobre el manejo de los recursos destinados a la vivienda rural en Colombia. Este programa es una de las herramientas principales del Estado para intentar reducir el déficit habitacional en el campo, pero su ejecución ha sido objeto recurrente de debates de control político en el Congreso de la República debido a las dificultades en la entrega de soluciones reales a los campesinos y a las dudas sobre la transparencia en la inversión de los fondos públicos.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Por qué la Contraloría reportó un hallazgo fiscal de $9.000 millones en el Ministerio de Agricultura?
El ente de control detectó graves irregularidades en un contrato con el Consorcio AUDIVIV, donde se habrían falsificado pruebas de visitas para verificar subsidios de vivienda rural. Se encontraron miles de actas con fotos duplicadas y coordenadas geográficas repetidas en viviendas de diferentes departamentos.
¿Qué inconsistencias se hallaron en las visitas de campo reportadas?
El consorcio afirmó realizar 6.499 visitas en solo 30 días, un promedio de 217 diarias en zonas rurales de difícil acceso, lo cual es técnicamente improbable. Además, una misma foto de un baño fue usada para certificar 21 viviendas distintas en diez departamentos del país.
¿Qué otras irregularidades administrativas se detectaron en el contrato?
La auditoría reveló que 63 de los 97 trabajadores reportados por el contratista no contaban con soportes que acreditaran el pago de seguridad social. Por este motivo, se dio traslado a la UGPP para investigar posibles omisiones en las obligaciones legales del empleador.
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