Fiscalía imputa a Roberto Prieto por el millón de dólares de Odebrecht que no se reportó en la campaña Santos 2014

La tesis de la Fiscalía

La imputación la presentó una fiscal delegada del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht. Según su exposición, en marzo y abril de 2014 Odebrecht habría pagado a la firma Paddington Venture Ltda. un millón de dólares, unos 1.960 millones de pesos de la época, por servicios de investigación, encuestas y mercadeo político. Esos servicios habrían tenido como beneficiaria a la candidatura de Juan Manuel Santos.

Para la Fiscalía, ese aporte nunca apareció en los informes de ingresos y gastos que Prieto, como gerente de la campaña, firmó y presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el informe de primera vuelta, radicado el 25 de junio de 2014, la campaña reportó gastos por cerca de 13.503 millones de pesos y ninguna donación. En el de segunda vuelta, del 15 de julio de ese año, declaró unos 9.475 millones de pesos, también sin incluir el aporte ni corregir el informe anterior.

El ente acusador sostiene que, si se suma el dinero de Odebrecht, los gastos reales de la primera vuelta habrían llegado a unos 15.463 millones de pesos. Esa cifra supera en cerca de 1.910 millones el tope fijado por el CNE en la Resolución 289 de 2014, que era de unos 13.552 millones.

¿Por qué hablan de fraude procesal y enriquecimiento ilícito?

El fraude procesal consiste en inducir en error a un servidor público con medios engañosos para obtener una decisión contraria a la ley. En este caso, según la Fiscalía, los informes presentados por Prieto llevaron al CNE a aprobar la reposición de votos, es decir, la suma que el Estado devuelve a partidos y campañas según los votos obtenidos. La Fiscalía señaló que esos informes contaban además con la certificación de una auditora externa.

El enriquecimiento ilícito se refiere a un aumento de patrimonio que no tiene una justificación lícita. La fiscal lo calculó en 13.461 millones de pesos a favor del Partido de la U, que avaló la candidatura. Según la información divulgada en la audiencia, esa cifra suma la reposición reconocida por la primera vuelta, unos 6.576 millones de pesos, y alrededor de 6.884 millones de financiación previa. Una resolución posterior autorizó además cerca de 9.499 millones por la segunda vuelta.

Según la fiscal, el fraude procesal tiene una pena de seis a doce años de prisión y una inhabilidad para ejercer funciones públicas.

La audiencia sigue la próxima semana

La defensa de Prieto pidió aclaraciones sobre los hechos imputados y solicitó que no se declarara legal la imputación. Por eso el juez de control de garantías aplazó la diligencia hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando tomará una decisión de fondo. Hasta el cierre de esta nota no se conocía si la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento ni si el exgerente aceptará los cargos.

La imputación es el acto con el que la Fiscalía le comunica formalmente a una persona que la investiga por unos hechos y delitos concretos. No equivale a una condena. Prieto conserva la presunción de inocencia y podrá controvertir las pruebas en las siguientes etapas del proceso.

Un caso con antecedentes

El nombre de Prieto ha estado ligado al escándalo de Odebrecht en Colombia desde 2017. En 2023 la Procuraduría General de la Nación lo sancionó en lo disciplinario con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, y con una multa de unos 50,5 millones de pesos. Ese fallo no define su responsabilidad penal, que es lo que ahora deberá resolver la justicia ordinaria.

El caso vuelve a poner en la agenda judicial la financiación de las campañas presidenciales de 2014, uno de los capítulos de la trama de sobornos de Odebrecht en el país que siguen abiertos más de una década después.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué delitos se acusa a Roberto Prieto?

La Fiscalía imputó al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

¿Cuál es el origen de la investigación?

Se investiga el ocultamiento de un aporte de un millón de dólares de la constructora Odebrecht en 2014, dinero que no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral y que habría causado que la campaña superara los topes de gastos permitidos.

¿Qué consecuencias legales enfrentaría el implicado?

El delito de fraude procesal conlleva una pena de seis a doce años de prisión e inhabilidad para ejercer funciones públicas, aunque el proceso continuará el 11 de noviembre para definir la legalidad de la imputación.