La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes, un contrato valorado en $559.000 millones de pesos.

Se conoció asimismo que la audiencia de formulación de cargos fue programada para el jueves 23 de abril a las 3:00 p. m., bajo la dirección de la magistrada Blanca Barreto, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El caso donde se vincula a Leyva se originó en septiembre de 2023, cuando él, en su función de ministro de Relaciones Exteriores, declaró desierta la licitación 001 de 2023, destinada a la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta julio de 2026.

Según la Fiscalía, esta decisión se produjo pese a que la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons había superado el proceso de calificación y cumplía con todos los requisitos exigidos para la adjudicación del contrato. Pese a ello, el 13 de septiembre de 2023, Leyva expidió la Resolución 7485, declarando desierta la licitación con el argumento de que solo se había presentado un oferente.

Ante esta decisión, la empresa interpuso un recurso de reposición, que fue negado por el entonces Ministro mediante la Resolución 7540 del 14 de septiembre, obligando a la compañía a sustentar sus argumentos de manera verbal, sin la posibilidad de presentar documentación formal. Este mismo día, Leyva emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta, lo que permitió que el contrato fuera asignado directamente, sin licitación ni participación de otros oferentes.

Según la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estas actuaciones pusieron en riesgo la emisión de pasaportes y vulneraron derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre movilidad dentro y fuera del país. Sobre esto, incluso, la Fiscalía sostiene que Leyva habría actuado de manera arbitraria, extralimitando sus funciones y profiriendo actos administrativos contrarios a la ley.

Ya en diciembre de 2023, la Fiscalía había imputado cargos contra Leyva por prevaricato por acción en concurso homogéneo, basándose en estos mismos hechos y la Procuraduría General de la Nación en un proceso disciplinario paralelo, sancionó al excanciller con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, considerando que sus decisiones habían sido caprichosas y contrarias a los informes técnicos que recomendaban la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons.

Con la radicación del escrito de acusación, el caso avanzó a la etapa de juicio, y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá determinar si las decisiones de Leyva constituyeron un acto de corrupción administrativa que afectó la seguridad documental del país, o si se trató de un ejercicio de discrecionalidad administrativa dentro de su gestión.

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