Extinción de dominio a hoteles y bienes en Medellín por presunto fraude masivo a servicios públicos

Una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió imponer medidas de extinción de dominio sobre 42 bienes presuntamente vinculados a una red dedicada al fraude de servicios públicos en la capital antioqueña.

Las acciones judiciales afectaron 14 establecimientos comerciales relacionados con el sector hotelero y 28 inmuebles ubicados en las comunas Laureles, Belén y el Centro de Medellín. Según los informes oficiales, el valor estimado de los bienes supera los $96.000 millones.

Las autoridades señalaron que este resultado es producto de una investigación desarrollada durante 16 meses, en la que se recopilaron pruebas sobre un presunto esquema criminal orientado a reducir ilegalmente los costos operativos mediante manipulaciones en las conexiones de energía, agua y gas.

Manipulación de medidores y conexiones ilegales

De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría operado desde 2013 a través de alteraciones sistemáticas en medidores y conexiones fraudulentas a las redes de servicios públicos. Las autoridades indicaron que estas prácticas permitían obtener ganancias ilícitas millonarias y generar ventajas económicas irregulares para los establecimientos involucrados.

Durante el proceso investigativo también se habrían identificado presuntos vínculos familiares, comerciales y societarios entre propietarios de inmuebles y negocios relacionados con el caso, lo que, según los organismos judiciales, evidenciaría una estructura sostenida y organizada en el tiempo.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que este procedimiento representa una de las afectaciones más importantes contra las finanzas criminales en la ciudad.

“Medellín sigue cerrando espacios a las economías ilegales y golpeando directamente las fuentes de financiación del crimen. Este es un golpe histórico contra las finanzas criminales. A los delincuentes lo que más les duele es la plata y es precisamente allí donde estamos concentrando parte importante de nuestros esfuerzos”, afirmó el funcionario.

Pérdidas millonarias y riesgos para la comunidad

Según las cifras entregadas por las autoridades, las actividades ilícitas habrían generado pérdidas superiores a $1,24 billones entre los años 2020 y 2025. Además del impacto económico, los investigadores advirtieron sobre los riesgos asociados a las conexiones irregulares, debido a que este tipo de manipulaciones puede provocar incendios, inundaciones, daños estructurales y otras emergencias que comprometen la seguridad de las comunidades y de los usuarios cercanos.

Las autoridades indicaron que parte de las labores de inspección permitieron detectar instalaciones que no cumplían con condiciones técnicas ni de seguridad para el suministro adecuado de servicios públicos.

Villa Mejía sostuvo que la estrategia institucional busca afectar no solo a las personas involucradas en actividades criminales, sino también sus patrimonios y fuentes de financiación.

“La ofensiva institucional contra el crimen no solo busca capturar delincuentes, sino también desmantelar sus patrimonios y debilitar sus estructuras económicas. En Medellín se acabó la idea de que el crimen puede operar tranquilamente detrás de fachadas aparentemente legales”, señaló el secretario.

Bienes quedaron bajo administración de la SAE

Los inmuebles y establecimientos afectados quedaron inicialmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones continuarán con el propósito de identificar nuevas redes dedicadas al fraude de servicios públicos y otras actividades ilegales relacionadas con economías criminales en Medellín.

El operativo hace parte de la estrategia institucional orientada a debilitar las finanzas ilícitas y reforzar las acciones de control sobre estructuras que operan mediante actividades ilegales bajo apariencias comerciales formales.

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