(EN VIDEO) Liberación de 33 militares retenidos en Guaviare se logró tras mediación oficial y de la Iglesia

Después de cuatro días de retención en zona rural de San José del Guaviare, 33 militares fueron liberados la noche de este jueves 28 de agosto y trasladados hasta la base militar del municipio.

Allí fueron recibidos por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

La liberación se produjo luego de más de cien horas de diálogos con la comunidad, en los que intervinieron delegados de los ministerios de Interior y Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

Según las autoridades, el grupo de uniformados había sido retenido por cerca de 600 personas de la comunidad, en un hecho atribuido a presiones ejercidas por disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la misión del Ejército se mantiene bajo los lineamientos de la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Anunció que se ofrecieron hasta $20.000.000 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a identificar a quienes participaron en el secuestro y hasta $500.000.000 millones de pesos por la ubicación y captura de alias Yimmi Martínez, jefe de la Subestructura 44 Antonio Ricaurte, señalado como uno de los principales responsables de la acción contra los uniformados.

A su llegada a la unidad militar, los soldados fueron valorados por un equipo interdisciplinario encargado de verificar su estado de salud. Las Fuerzas Militares informaron que continuarán desarrollando operaciones en todo el territorio nacional para cumplir con la misión de defender la soberanía, la independencia y la integridad del país.

Durante la jornada de negociación, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Diana Sánchez, dirigió un mensaje a las comunidades en el que explicó que la presencia de las instituciones en el área buscaba únicamente abrir un espacio de diálogo. Finalmente, con el acompañamiento de los delegados oficiales y de la Iglesia, se alcanzó el acuerdo que permitió el regreso de los uniformados.

El ministro Sánchez reiteró que la denuncia penal por el secuestro ya está en manos de la justicia y que se aplicará la ley para garantizar la protección del Estado Social de derecho y del orden constitucional.