El gobierno de la Espriella evalúa trasladar a capos a buques cárcel para frenar el crimen

El gobierno de Abelardo de la Espriella está ultimando los detalles de una estrategia innovadora y contundente para combatir la delincuencia organizada en Colombia. La propuesta central radica en el traslado de reconocidos cabecillas de estructuras criminales a buques adaptados como centros de reclusión en altamar. Esta medida, que busca desarticular las redes de mando y control que operan desde las prisiones actuales, promete imponer condiciones de aislamiento y restricción sin precedentes para los delincuentes de alto perfil.

Una estrategia de aislamiento radical en altamar

La iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella contempla la implementación de un régimen carcelario extremadamente riguroso a bordo de estas embarcaciones. Los reclusos, identificados como figuras clave en el crimen organizado, enfrentarían severas limitaciones en su vida diaria. Entre las restricciones más destacadas se encuentran la reducción drástica del tiempo de exposición al sol y el acceso a cubierta, así como la imposibilidad de comunicarse con el exterior, cortando de raíz cualquier intento de seguir dirigiendo actividades ilícitas.

Además de las limitaciones de espacio y comunicación, los internos tendrían que asumir responsabilidades activas en el mantenimiento del buque. Se les exigiría participar en las labores de limpieza de la embarcación y de sus propias celdas, así como colaborar en la preparación de alimentos. Los elementos de aseo personal serían limitados, y la ubicación de estos buques estaría en altamar, posiblemente en el Pacífico, realizando movimientos circulares dentro de un área determinada para dificultar cualquier intento de fuga o contacto externo.

Objetivo: desarticular el crimen desde la raíz

Los buques cárcel están diseñados para albergar a criminales de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados ilegales, líderes de pandillas, cabecillas de combos delictivos y narcotraficantes. La selección de los reclusos se enfoca en aquellos individuos que, a pesar de estar tras las rejas, continúan ejerciendo influencia y coordinando operaciones criminales. Esta estrategia busca romper la cadena de mando y desmantelar la capacidad operativa de estas organizaciones desde su núcleo.

La lista de candidatos para ocupar estas prisiones marítimas ya está siendo evaluada. Entre los nombres que se barajan, y que han sido señalados por seguir coordinando actividades criminales desde sus actuales lugares de reclusión, se encuentran figuras como Digno Palomino, alias ‘Negro Ober’, ‘Marihuano’, ‘Carnal’, ‘Robincito’, ‘Juanito’, ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’. El traslado de estos individuos a los buques cárcel representaría un golpe significativo a sus estructuras delictivas.

Coordinación interinstitucional y antecedentes históricos

La implementación de esta ambiciosa estrategia estaría bajo la coordinación de la Dirección General Marítima (Dimar), una entidad clave en la gestión y control de los espacios marítimos colombianos. Se prevé que las embarcaciones sean desplegadas en zonas estratégicas, con especial atención a las costas de Cartagena y Buenaventura, puntos neurálgicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Aunque la idea de prisiones flotantes pueda evocar imágenes de producciones cinematográficas de Hollywood, como la película donde Sylvester Stallone interpreta a Ray Breslin, un experto en seguridad carcelaria que debe escapar de una prisión en un buque en alta mar, la realidad es que Colombia ya cuenta con un precedente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó buques de la Armada Nacional para custodiar en altamar a peligrosos delincuentes que posteriormente fueron extraditados a los Estados Unidos. Entre ellos se encontraba alias ‘Macaco’, un reconocido narcotraficante. Este antecedente histórico demuestra la viabilidad y la efectividad de emplear embarcaciones como centros de reclusión temporal para figuras de alto perfil criminal, reforzando la seriedad y el potencial impacto de la actual propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella.