Defensa de Nicolás Petro descartó cualquier acuerdo con la Fiscalía y negó enriquecimiento ilícito

Desde el lunes 19 de mayo se retomaron las audiencias preparatorias en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante la diligencia, realizada de forma virtual, la defensa descartó la posibilidad de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, fue enfático al afirmar que su cliente no negociará con el ente acusador y que la estrategia jurídica consistirá en controvertir las pruebas y los testimonios presentados por el organismo judicial.

“La defensa de Nicolás Petro no va a pre acordar nada con la Fiscalía. La defensa dará la batalla y pondrá su último esfuerzo para demostrar el sesgo institucional y la afectación que se le hizo a la justicia en este caso”, señaló Carranza, citado por medios nacionales.

Uno de los principales puntos de discusión en la audiencia fue la validez del testimonio de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien ha sido una pieza central en la acusación. La defensa solicitó al juez que se incorpore formalmente su declaración en el juicio, pero bajo el argumento de que la misma habría sido manipulada con el fin de obtener beneficios judiciales.

Carranza también aseguró que la Fiscalía habría ofrecido tratos a Vásquez sin control judicial, situación que calificó como irregular y que, según el abogado, ya fue denunciada ante las autoridades competentes. Solicitó, además, que se evalúe la legalidad de algunas pruebas obtenidas en el proceso y pidió acceso completo al contenido del celular de Vásquez, con el objetivo de verificar si hubo coordinación previa con funcionarios del ente acusador.

Durante la audiencia, la defensa también reiteró su tesis de que Nicolás Petro no incurrió en actos de enriquecimiento ilícito, sino que adquirió deudas con particulares, como Patricia Gil, a quien describió como una persona sin antecedentes y con capacidad económica. “No existen enriquecimiento, sino que hubo un endeudamiento que no era ilícito”, dijo el abogado.

Otro punto destacado fue la solicitud de un análisis psicológico forense a Day Vásquez, con el fin de evaluar su “veracidad, motivaciones y conducta”, así como la presentación de documentos contables sobre Gabriel Hilsaca, uno de los supuestos financiadores mencionados por la Fiscalía.

Carranza explicó que el dinero entregado por Hilsaca y otros terceros no corresponde a recursos con origen ilícito ni tiene relación con la campaña presidencial de 2022. Añadió que su cliente tiene en su poder declaraciones que desvirtúan la teoría de la Fiscalía y que demuestran, según su versión, que los fondos eran préstamos personales.

En su argumentación, también solicitó que se permita la declaración de varios testigos, entre ellos la exvicefiscal Martha Mancera, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el dirigente político Máximo Noriega. Para la defensa, estos testimonios son clave en la reconstrucción del contexto del caso.

Sin embargo, en la audiencia preparatoria de juicio de este miércoles 21 de mayo, la fiscal Lucy Marcela Laborde arremetió contra la defensa de Nicolás Petro y se opuso a las solicitudes probatorias realizadas en las diligencias previas.

En su intervención, Laborde aseguró que la defensa del exdiputado del Atlántico “desconoce los más mínimos contenidos exigidos por el sistema acusatorio”.

Por otro lado, afirmó que “la defensa pretende convertir un juicio estrictamente jurídico, en un juicio político”. De esta forma, la representante del ente investigador pidió la inadmisión de pruebas relacionadas con el caso ‘Pacho Malo’ y de entrevistas del exfiscal General Francisco Barbosa en medios de comunicación, al ser “hechos ajenos a la acusación”.

El juicio contra Nicolás Petro está previsto para el mes de junio y hasta entonces, ambas partes seguirán presentando y validando pruebas ante el juez del caso. La Fiscalía sostiene su hipótesis inicial y mantiene como eje del proceso las declaraciones, documentos y comunicaciones que vincularían a Nicolás Petro con manejos irregulares de recursos.

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