CTI realizó allanamiento en oficinas del INPEC por investigación de presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación realizó hace poco una diligencia de allanamiento en distintas oficinas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el marco de un proceso judicial que indaga posibles irregularidades y hechos de corrupción al interior de la entidad.

El operativo fue llevado a cabo por 24 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes ingresaron en horas de la mañana a las instalaciones del INPEC para adelantar la recolección de elementos materiales probatorios solicitados dentro de la investigación.

El equipo estuvo conformado por diez investigadores, cuatro fotógrafos forenses y seis funcionarios tácticos, encargados de apoyar las labores de verificación y aseguramiento de la información.

Las diligencias se concentraron en oficinas clave de la entidad, entre ellas las de Asuntos Penitenciarios, el Sistema de Recursos y la Oficina Jurídica, donde los investigadores adelantaron la revisión y recopilación de documentos que serán analizados por el ente acusador.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía 35 Especializada Anticorrupción, despacho que tiene a su cargo la investigación y que busca establecer si dentro del INPEC se habrían presentado conductas irregulares relacionadas con el manejo administrativo y la gestión de procesos internos.

De acuerdo con la información conocida, el desarrollo del allanamiento contó con la colaboración de funcionarios del INPEC, quienes facilitaron el acceso a la documentación requerida y acompañaron a los investigadores durante la diligencia.

Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó bajo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones judiciales, garantizando la cadena de custodia de los elementos recolectados y su adecuada incorporación al proceso investigativo.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación avanza en el análisis del material obtenido durante el operativo, con el fin de determinar si existen méritos suficientes para continuar con nuevas actuaciones en el caso o avanzar hacia posibles imputaciones. El proceso continúa en etapa de investigación y no se han entregado mayores detalles sobre personas vinculadas o posibles responsabilidades.

Además de este allanamiento, hace poco se informó que desde el momento en que se conocieron los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en la Cárcel y Penitenciaría La Paz de Itagüí, el Gobierno nacional activó medidas de control, investigaciones disciplinarias y acciones de seguridad para reforzar el orden al interior del sistema penitenciario.

Y como parte de estas decisiones, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó el traslado de Paulo Andrés Torres Flórez al establecimiento carcelario de Girón (Santander), mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en los hechos.

El traslado se realizó por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, todo en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer lo sucedido.

El Gobierno además suspendió los diálogos con la mesa sociojurídica desde el mismo 8 de abril, medida que se mantiene vigente mientras continúan las investigaciones.

Dada la gravedad de las revelaciones, el INPEC abrió procesos disciplinarios internos y adoptó medidas administrativas inmediatas, entre ellas el traslado del director encargado del establecimiento penitenciario.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación asumió la competencia prevalente en las indagaciones, en las que están vinculados trece funcionarios, entre personal directivo y de custodia, por su presunta relación con los hechos.

Igualmente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) instaló treinta y seis cámaras de última tecnología integradas al sistema nacional del INPEC. Estos equipos permiten monitoreo en tiempo real e incorporan herramientas de inteligencia artificial e infrarrojo para reforzar la vigilancia dentro del establecimiento.

Finalmente, el Ministerio de Justicia afirmó que no se tolerará ningún hecho que comprometa la seguridad, la disciplina o la legalidad dentro del sistema penitenciario y reiteró que continuará acompañando las acciones institucionales para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.

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