Claudia López aseguró que Gustavo Petro buscaría incluir un “articulito” para la reelección presidencial

La exalcaldesa de Bogotá, y actual candidata a la presidencia Claudia López afirmó que el presidente Gustavo Petro tendría la intención de impulsar cambios para permitir su permanencia en el poder más allá del periodo constitucional, al señalar que existía un interés en “volver a meter el articulito de la reelección”.

Las declaraciones se conocieron durante una intervención pública en la Universidad de La Sabana, donde la exmandataria cuestionó planteamientos del Gobierno nacional relacionados con las reformas sociales y el marco jurídico en el que se tramitan.

López sostuvo que las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo correspondían a leyes ordinarias y no a modificaciones constitucionales, por lo cual calificó como “falaz” el argumento que, según ella, pretende elevar ese tipo de iniciativas a un nivel constitucional.

Por otra parte, aseguró que detrás de ese debate podría existir una intención política más amplia relacionada con la reelección presidencial. Según la exalcaldesa, el eventual objetivo del Gobierno sería habilitar un mecanismo que permita al presidente Petro aspirar nuevamente a la Presidencia en el año 2030.

López hizo referencia a la necesidad de mantener y fortalecer políticas sociales, aunque insistió en que estas deben desarrollarse dentro del marco institucional vigente. Igualmente destacó propuestas relacionadas con educación superior y sistemas de cuidado, que, según dijo, ya habían sido implementadas parcialmente durante su administración en Bogotá.

No es la primera vez que López cuestiona acciones del gobierno, hace un par de días incluso la política criticó el asesinato del periodista y estudiante de ciencia política Mateo Pérez, ocurrido en el municipio de Briceño, y cuestionó el papel del Estado frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región.

Sobre el tema, López señaló que el caso evidenció la persistencia de la violencia contra jóvenes que realizan labores de investigación o periodismo en zonas rurales del país, donde continúan operando estructuras armadas a pesar de los esfuerzos institucionales de seguridad.

La exalcaldesa indicó que el joven se había desplazado a realizar indagaciones en el área de Briceño y que posteriormente fue asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, señalados por las autoridades de operar bajo el mando de alias “Calarcá”.

López también cuestionó la situación judicial de algunos cabecillas de estructuras armadas, al referirse a procesos en los que han sido vinculados por delitos como homicidio, secuestro, reclutamiento forzado y uso de minas antipersona. Igualmente expuso que, pese a las imputaciones de la Fiscalía General de la Nación, algunos de estos actores habrían continuado delinquiendo mientras se mantenían en procesos de negociación o en figuras de sometimiento a la justicia.

En sus declaraciones, la exmandataria local hizo referencia a la figura de “gestores de paz” impulsada por el Gobierno Nacional, al considerar que este tipo de decisiones ha generado controversia en medio de investigaciones sobre la continuidad de actividades ilegales por parte de algunos integrantes de grupos armados. Según su planteamiento, estos hechos habrían coincidido con el fortalecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

Luego del asesinato de Mateo, se conoció que el Gobierno Nacional pidió suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, por que la candidata a la presidencia le respondió que no fuera cínico.

“Para honrar a Mateo quítele la gabela de gestor de paz a alias Calarcá, comandante de alias Chalá y del frente 36 que lo mataron. Les mantiene la impunidad a pesar de la solicitud reiterada de la Fiscalía de reactivarles las órdenes de captura”, escribió en su momento López.

Asimismo, López cuestionó las reacciones políticas frente al asesinato del joven periodista y sostuvo que este tipo de hechos no recibían la misma contundencia en el debate público, lo que, a su juicio, contribuía a la falta de reconocimiento del riesgo que enfrentan comunicadores y líderes sociales en territorios afectados por el conflicto armado.

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