La Corte Suprema de Justicia dispuso una orden de conducción contra la senadora Martha Peralta Epieyú, integrante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y parte de la bancada del Pacto Histórico.

Esto, según se dijo, con el propósito de garantizar su comparecencia a una diligencia de indagatoria relacionada con el proceso que se sigue en su contra por presuntos hechos vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se conoció que la determinación fue adoptada por la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción del alto tribunal, luego de que la congresista solicitara en dos oportunidades el aplazamiento de la diligencia judicial programada para este 18 de junio.

De acuerdo con la decisión judicial, las autoridades debían asegurar el traslado de la senadora a las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ubicadas en el norte de Bogotá, donde estaba prevista la audiencia de indagatoria a las 2:30 de la tarde.

La medida correspondió a la figura de conducción, un mecanismo procesal mediante el cual una autoridad ordena que una persona comparezca ante la justicia cuando ha sido citada previamente y no ha atendido el requerimiento.

Expertos explicaron que esta actuación es diferente a una captura, ya que no implica una privación de la libertad derivada de la gravedad de los hechos investigados, sino que tiene como único objetivo garantizar la presencia del citado ante la autoridad competente.

Antes de ingresar a la diligencia, Martha Peralta se pronunció sobre el proceso que enfrenta y aseguró que acudiría a la indagatoria para entregar la información requerida por la Corte Suprema de Justicia.

La congresista afirmó que la diligencia hacía parte de las etapas normales de una investigación judicial y expresó su disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos objeto de análisis por parte del alto tribunal.

De igual manera, sostuvo que las actuaciones en su contra obedecían a lo que calificó como una persecución política. Sin embargo, reiteró que asistiría al llamado de la justicia y que aportaría los elementos que considerara necesarios dentro del proceso.

Esta decisión se dio luego de que La Corte Suprema de Justicia citara hace unas horas a indagatoria a la senadora Peralta Epieyú dentro del proceso que adelanta por el escándalo de la UNGRD.

Se supo sobre esto que la diligencia había quemado programada para el jueves 18 de junio ante la Sala de Instrucción, bajo la conducción de la magistrada Lombana, y que se daba tras la valoración de elementos remitidos por la Fiscalía General de la Nación, que incluyeron declaraciones de exdirectivos de la entidad y otros materiales probatorios relacionados con la presunta asignación irregular de contratos en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con lo que se sabe, la investigación se centró en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en el contexto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y obras en territorios vulnerables.

El proceso judicial se relacionó con un contrato cercano a los 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira; según la investigación, dicho proceso habría presentado presuntos direccionamientos que beneficiaban a terceros vinculados con el caso, no obstante, en su momento la senadora dijo no haber sido informada de manera formal por parte de la Corte.

“Quiero informarle al país y a mis seguidores que no he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte, en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, y si así lo fuera me corresponde hacer lo que he venido haciendo, defenderme con la verdad y con transparencia”, mencionó sobre el tema en declaraciones públicas la congresista.

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