Corte Suprema ordenó inspección en el Senado para recopilar los contratos de Deicy Jiménez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dispuso una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para reunir los contratos que Deicy Jiménez tuvo en el Congreso, como parte de la indagación por la denuncia que presentó contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro. Esta diligencia se constituye en un paso fundamental dentro del proceso que busca verificar la veracidad de los señalamientos realizados por la denunciante, quien ha puesto en el ojo del huracán a figuras de alto perfil político en el país. La recolección de este material documental permitirá a los magistrados establecer la trazabilidad de las vinculaciones laborales de Jiménez y determinar si existen irregularidades en la forma en que se otorgaron dichos contratos durante los últimos años.

Una inspección judicial es una actuación en la que funcionarios del despacho acuden a una entidad para revisar y recaudar documentos que pueden servir como prueba. En este caso, el objetivo es obtener los soportes de las vinculaciones contractuales de Jiménez con el Senado y contrastarlos con los señalamientos que ella ha hecho ante la Corte. La justicia busca determinar con precisión las fechas, los montos y los supervisores de cada uno de los contratos que la mujer suscribió con la corporación legislativa, con el fin de hallar posibles inconsistencias o confirmaciones de su relato.

Según la versión de la denunciante, recogida por varios medios, llegó a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora Pizarro por recomendación de Petro, con un contrato de 34 millones de pesos para apoyar a la Primera Vicepresidencia del Senado. Jiménez también ha afirmado que obtuvo contratos estatales durante varios años con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a cambio, según su relato, de favores sexuales. Estas afirmaciones son parte de la denuncia y no han sido establecidas por ninguna autoridad judicial, por lo que la inspección en la Secretaría General del Senado resulta vital para el expediente.

De manera paralela a la revisión de documentos físicos y digitales en el Congreso, Jiménez informó a la Corte que este 5 de noviembre se presentaría ante la Fiscalía General de la Nación, acompañada de su nueva abogada, para entregar de forma voluntaria su teléfono celular. Este dispositivo es considerado una pieza clave, pues en él podrían reposar comunicaciones, chats o registros que sustenten las graves acusaciones vertidas contra el exmandatario y la excongresista.

De acuerdo con Semana, la Sala de Instrucción designó a un funcionario para acompañar el procedimiento y obtener una copia espejo del dispositivo, es decir, una réplica exacta de su contenido que preserva la información original para su análisis forense. Otros medios reportaron que la orden involucra al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la extracción de los datos, garantizando así la cadena de custodia y la integridad de la información recolectada. La entrega del equipo se había aplazado previamente; tras su declaración del 29 de octubre, su defensa explicó que no se haría de inmediato por razones de seguridad. Luego, el 3 de noviembre, su abogado Andrés Felipe Caballero renunció al caso alegando amenazas, lo que obligó a suspender una diligencia prevista ante la Fiscalía.

La Sala de Instrucción admitió para estudio la denuncia el 27 de octubre y la asignó al magistrado Fonseca. Desde ese momento, el proceso ha tomado una celeridad notable debido a la gravedad de las conductas descritas. Ese mismo día, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta a la Corte en la que pidió priorizar la investigación y adoptar medidas de protección para la denunciante y posibles testigos, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de quienes deciden denunciar este tipo de situaciones en contextos de poder.

El 29 de octubre, Jiménez declaró como testigo durante más de tres horas ante la Sala, en una diligencia en la que respondió preguntas del magistrado, de la defensa y de la Procuraduría. Hasta ahora, la Corte no ha abierto formalmente una investigación contra los denunciados ni los ha vinculado al proceso mediante indagatoria. El presidente de la corporación, Mauricio Lenis, señaló que será el magistrado quien decida si los cita a rendir versión o si procede una vinculación formal, dependiendo del mérito que arrojen las pruebas recaudadas en las inspecciones y el análisis del dispositivo móvil.

Petro y Pizarro han rechazado tajantemente los señalamientos. La excongresista calificó la denuncia como "señalamientos sin fundamentos" y afirmó que nunca avalaría una situación como la descrita, defendiendo su trayectoria y su ética en el ejercicio legislativo. Por su parte, la defensa del expresidente sostuvo que demostrará su inocencia y habló de un "montaje" diseñado para afectar la imagen del líder político.

El abogado Alejandro Carranza, que los representa, anunció denuncias ante la Fiscalía contra Jiménez por presuntas falsedades en documentos presentados al Congreso, sugiriendo que la denunciante pudo haber faltado a la verdad no solo en sus relatos sino en los soportes entregados para su contratación. Ambos conservan la presunción de inocencia mientras el proceso avanza. La etapa actual es estrictamente preliminar: la Corte recauda pruebas para establecer si existe mérito para abrir una investigación formal o si, por el contrario, se procede al archivo del caso por falta de evidencia sólida.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué busca la Corte Suprema con la inspección en el Senado?

La Sala de Instrucción busca recaudar los contratos y soportes de las vinculaciones laborales de Deicy Jiménez para contrastarlos con sus denuncias contra Gustavo Petro y María José Pizarro. Se busca verificar la legalidad y las condiciones de dichos contratos.

¿Cuáles son los señalamientos realizados por Deicy Jiménez?

Jiménez afirma que obtuvo contratos en el Senado y otras entidades estatales a cambio de supuestos favores sexuales, tras llegar a la Unidad de Trabajo Legislativo de Pizarro por recomendación de Petro. Menciona contratos por valores cercanos a los 34 millones de pesos.

¿Qué otras pruebas se están recolectando en este proceso?

La denunciante entregará voluntariamente su teléfono celular a la Fiscalía para realizar una copia espejo del contenido, bajo la supervisión de un funcionario designado por la Corte Suprema y con el apoyo técnico del CTI.

¿Cuál es la situación jurídica actual de los denunciados?

Tanto el presidente Petro como la excongresista Pizarro mantienen su presunción de inocencia y han rechazado las acusaciones. La Corte se encuentra en una fase de indagación preliminar antes de decidir si abre una investigación formal.