Corrupción en la UNGRD: Contratista propone devolver bienes por $9.000 millones

Luis Eduardo López, conocido como «El Pastuso», contratista involucrado en un millonario fraude dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha iniciado un giro significativo en su caso.

Según se conoció a través de Caracol Radio, este contratista, señalado por irregularidades en la compra de carrotanques destinados a La Guajira, comenzó la devolución de los recursos públicos que, según la Fiscalía General de la Nación, habría apropiado indebidamente.

El escándalo, que reveló sobrecostos por $14.163 millones en la adquisición de 40 carrotanques, destapó también una red de sobornos en la que López entregó $5.342 millones al ex subdirector del Manejo del Riesgo, Sneyder Pinilla, como parte de las negociaciones ilícitas. Ahora, como estrategia de su defensa para alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, López ha comenzado a restituir parte del dinero comprometido.

De acuerdo con la información disponible, el contratista se comprometió a devolver un total de $7.722 millones. La primera etapa de esta devolución contempla el 50% del monto total, equivalente a $3.861 millones, que deberá ser entregado antes del 11 de febrero.

Hasta el momento, ha abonado $2.788 millones, respaldados por comprobantes de transacciones. Entre estos se incluyen un depósito judicial de $1.200 millones realizado a través del Banco Agrario de Colombia y un pago de $1.588 millones efectuado en el Banco AV Villas, según los documentos oficiales que confirman dichas operaciones.

Para saldar el 50% restante, López ofreció un inmueble ubicado en el departamento de Nariño, avaluado en $9.000 millones, como garantía para cubrir el total adeudado. Este bien, que supera el monto comprometido, podría facilitar la recuperación completa de los recursos desviados, siempre y cuando la Fiscalía apruebe esta propuesta en los próximos días.

El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, dado que los recursos desviados estaban destinados a atender las necesidades básicas de comunidades vulnerables en La Guajira, un departamento con históricas problemáticas de acceso al agua potable.

El escándalo ha resaltado la magnitud de la corrupción dentro de la UNGRD, que ha sido objeto de múltiples investigaciones por manejos cuestionables en contratos relacionados con la atención de emergencias en el país.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las pesquisas para determinar la responsabilidad total de los implicados y garantizar la recuperación de los recursos públicos. La estrategia de López podría representar un alivio parcial al desfalco, pero el proceso judicial aún tiene múltiples aristas por resolver. La sociedad y las víctimas del caso esperan que se haga justicia y que este tipo de irregularidades no sigan marcando el manejo de los recursos destinados a atender a los más necesitados.

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