Acción popular pone bajo la lupa los recursos destinados a los 17 Gripen

La adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F por parte de Colombia llegó a los estrados judiciales luego de que el abogado Guillermo Rodríguez Martínez presentara una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso busca que se suspenda temporalmente la ejecución de las actuaciones financieras relacionadas con el contrato celebrado con la compañía sueca Saab, mientras se conocen detalles sobre la financiación de la operación y los costos asociados.

La acción fue dirigida contra varias entidades estatales, entre ellas la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. La información ha sido reportada por diferentes medios a partir del contenido de la demanda y de respuestas oficiales entregadas durante el proceso de solicitud de información.

De acuerdo con lo expuesto en el recurso, la principal preocupación del demandante está relacionada con las condiciones bajo las cuales se financiará la compra. La solicitud plantea que, mientras no se acrediten públicamente aspectos como el mecanismo de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados, deberían detenerse los movimientos presupuestales asociados al negocio.

Entre las pretensiones se encuentra precisamente “suspender los desembolsos, giros y demás movimientos presupuestales” vinculados con la operación, hasta que las entidades involucradas entreguen información sobre las condiciones financieras del contrato.

La controversia no se centra en las características técnicas de los Gripen, sino en la información financiera y presupuestal que rodea la adquisición. De acuerdo con lo planteado en la acción, esos documentos no fueron entregados al solicitante. Según los reportes sobre la acción popular, el demandante sostiene que presentó derechos de petición el pasado 20 de agosto para obtener documentación relacionada con las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos, análisis de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones fiscales y presupuestales.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, según la información conocida por IFMNOTICIAS sobre el caso, respondió que parte de la documentación solicitada estaba sometida a reserva por razones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional. La entidad también habría señalado la existencia de distintos soportes presupuestales que respaldaron el proceso de adquisición.

Entre esos documentos se encuentran un aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), emitido el 14 de agosto de 2025; el Conpes 4155 del 1 de septiembre del mismo año; un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y una autorización de cupo de vigencias futuras. Sin embargo, de acuerdo con lo planteado en la acción, esos documentos no fueron entregados al solicitante.

El valor de la operación también hace parte de los elementos mencionados en el expediente. Según la información citada en los reportes sobre la demanda, el contrato para adquirir las 17 aeronaves asciende a 3.135,5 millones de euros y ya habría sido suscrito, encontrándose en etapa de ejecución. La compra hace parte del proceso de reemplazo de la actual flota de aviones Kfir de Colombia.

La acción popular solicita además que, mientras se resuelve el proceso, se adopte una medida cautelar que detenga desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otras actuaciones presupuestales o financieras relacionadas con la adquisición. El demandante también pide que las entidades expliquen públicamente cuál será el mecanismo utilizado para financiar la operación y cuál será su costo financiero total.

Otro de los puntos planteados está relacionado con el acceso a la información pública. El recurso cuestiona que documentos de naturaleza financiera y presupuestal hayan quedado cobijados por reservas invocadas por razones de seguridad y defensa nacional. Esta posición hace parte de los argumentos del demandante y será materia de análisis dentro del proceso judicial.

La presentación de la acción popular no significa que el contrato haya sido suspendido ni que exista una decisión judicial que determine irregularidades en la adquisición. Lo que existe hasta ahora es una solicitud presentada ante la jurisdicción administrativa para que se estudien las pretensiones y las medidas cautelares planteadas.

El caso queda ahora en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá determinar el trámite correspondiente y pronunciarse sobre las solicitudes formuladas dentro de la acción. Mientras avanza ese proceso, la discusión se concentra en la transparencia de la información financiera, las condiciones de financiación y los soportes presupuestales de una de las adquisiciones militares de mayor valor realizadas por Colombia en los últimos años.