Contraloría exigió respuestas a la ANI por posible reducción de peajes en el Eje Cafetero y alertó sobre riesgos fiscales
La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura información detallada sobre el contrato de concesión vial Armenia–Pereira–Manizales, en medio de la discusión por una eventual reducción de tarifas de peajes en el Eje Cafetero y por el proceso relacionado con la posible terminación anticipada, reversión y liquidación del proyecto concesionado.
El requerimiento fue dirigido al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, a quien el ente de control otorgó un plazo de tres días hábiles para entregar una respuesta “clara, organizada y completa” sobre el estado actual del contrato identificado como Concesión Nro. 0113 del 21 de abril de 1997, correspondiente al corredor vial que conecta a Armenia, Pereira y Manizales.
La Contraloría indicó que el objetivo es conocer con precisión la situación contractual, financiera y operativa del proyecto, así como los efectos económicos que podrían derivarse de decisiones relacionadas con las tarifas de peaje o con una eventual finalización anticipada de la concesión. El organismo también pidió explicaciones sobre los estudios técnicos y financieros que sustentarían una posible rebaja tarifaria para vehículos de categorías 1, 2 y 3.
En la comunicación divulgada por la entidad, se recordó que la ANI había informado previamente sobre la realización de reuniones, visitas técnicas y comités de trabajo junto al concesionario y la interventoría para avanzar en los procedimientos de cesión, reversión, terminación y liquidación establecidos dentro del contrato y sus otrosíes.

La Contraloría citó además que, según información remitida por la ANI, hasta ahora no se han determinado eventuales compensaciones económicas que tendría que asumir el Estado en caso de adoptar una decisión de terminación anticipada del contrato. No obstante, el ente de control pidió precisar si actualmente existen obligaciones pendientes relacionadas con compensaciones, obras adicionales o ingresos mínimos garantizados al concesionario.
Otro de los aspectos solicitados corresponde a la etapa contractual en la que se encuentra la concesión. El organismo requirió a la ANI una manifestación “clara, concreta e inequívoca” sobre si el contrato permanece en fase de operación y mantenimiento. Según la información conocida por la Contraloría, la finalización de dicha etapa y el inicio del proceso de reversión estarían proyectados para el 1 de febrero de 2027.
La polémica se intensificó luego de que se conocieran versiones sobre una posible reducción de tarifas en algunos peajes del Eje Cafetero. La discusión aumentó después de que Petro publicara en su cuenta de X un mensaje en el que afirmó: “Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas; allá votan más por Uribe, pero eso no me importa porque es el corazón de Colombia y tiene el mejor sistema de educación superior de Colombia. Los jóvenes no votan por Uribe, pero viejos cafeteros sin pensión los reprimen; ahora les doy pensión a esos cafeteros desde Antioquia hasta el sur del país”.
Y continuó en su pronunciamiento: "Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia y para llegar al corazón no se ponen peajes de banqueros".

El anuncio generó reacciones desde distintos sectores económicos y políticos. Entre ellas estuvo la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, quien cuestionó en una entrevista reciente el impacto financiero que podrían generar decisiones de este tipo sobre las finanzas públicas y sobre las obligaciones contractuales del Estado.
En su requerimiento, la Contraloría insistió en que cualquier modificación tarifaria debe estar respaldada por estudios técnicos suscritos por funcionarios competentes y acompañada de una definición concreta sobre la fuente de pago de las compensaciones que podrían derivarse del menor recaudo en peajes.
El organismo de control también reiteró que existe una alerta frente a posibles riesgos fiscales derivados de medidas que alteren el equilibrio financiero de la concesión vial Armenia–Pereira–Manizales, especialmente en escenarios relacionados con una terminación anticipada del contrato o intervenciones sobre las tarifas sin sustento financiero definido.

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