Contraloría de Bogotá inició seguimiento especial a las obras de la calle 45 y al proyecto del corredor de la carrera Séptima

La actuación fiscal incluirá una evaluación detallada del proyecto de ampliación de la avenida Francisco Miranda, ubicado entre las carreras quinta y séptima, una obra financiada con recursos de valorización que ha registrado retrasos durante varios años y ha enfrentado diferentes dificultades en su ejecución contractual.

La contralora auxiliar, Verónica Peláez, informó que el proceso de fiscalización estará orientado a verificar la gestión de los recursos públicos invertidos en esta obra, así como el desarrollo del contrato y el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proyecto. Según explicó, la revisión abarcará tanto la ejecución contractual como la administración de los recursos provenientes del sistema de valorización con los que se financia la intervención.

El proyecto contempla la construcción de un corredor de aproximadamente 220 metros lineales, nuevos andenes, calzadas y espacio público, además de una ciclorruta de 1,84 kilómetros, cuatro carriles para tráfico mixto y carriles exclusivos para el transporte público con un ancho de 3,5 metros. De acuerdo con la información suministrada por la Contraloría, la obra registra un avance físico cercano al 60% y ha representado una inversión superior a los 2.000 millones de pesos.

La ampliación de la calle 45 hace parte del Acuerdo de Valorización 25 de 1995. Aunque el cobro de la contribución comenzó en 1998, la ejecución de las obras solo inició en octubre de 2024. El contrato fue declarado en caducidad en diciembre de 2025, cuando el avance reportado era del 43%, lo que provocó la suspensión de los trabajos.

Hasta febrero de este año, la ejecución estuvo a cargo de la empresa Belzcon S.A.S. Posteriormente, el proyecto regresó a la administración del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), luego de que la entidad determinara incumplimientos por parte del contratista. Según el Instituto, entre las dificultades identificadas figuraban problemas de planeación, deficiencias administrativas y la falta del personal y de la capacidad técnica requerida para desarrollar la obra.

Como consecuencia de esos incumplimientos, Belzcon S.A.S. enfrenta una multa superior a los 606 millones de pesos y la aplicación de una cláusula penal por más de 4.716 millones de pesos. El director del IDU, Orlando Molano, informó que la aseguradora ya efectuó los pagos correspondientes y señaló que la entidad continúa adelantando los procesos jurídicos mientras prepara una nueva licitación que espera publicar entre agosto y septiembre con el propósito de culminar el costado norte de la intervención.

La actuación anunciada por la Contraloría también comprenderá el seguimiento al proyecto del corredor de la carrera Séptima, iniciativa que busca implementar un corredor de transporte con buses eléctricos entre las calles 24 y 200.

El organismo de control explicó que mantendrá vigilancia sobre este proyecto debido a que los tramos 1 y 2, comprendidos entre las calles 24 y 99, permanecen sin una ruta definitiva para su construcción, luego de que fueran revocados los actos administrativos mediante los cuales se habían abierto los procesos de selección para contratar las obras.

Según indicó la Contraloría, continuará atenta a las decisiones que adopte la Administración Distrital para ejercer las acciones de control fiscal que correspondan dentro de sus competencias. Por su parte, el IDU explicó que la contratación fue aplazada debido al bajo interés registrado durante los procesos licitatorios y a la necesidad de coordinar la ejecución del proyecto con las obras de la primera línea del Metro de Bogotá para reducir las afectaciones sobre la movilidad. La entidad señaló que la nueva licitación podría abrirse hacia finales de 2027, con el propósito de iniciar la construcción entre 2028 y 2029.

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