Contraloría alertó posible detrimento de $2.603 millones por atención duplicada a 1.315 menores en Bogotá

El caso se desprende de una indagación preliminar en la que el ente de control realizó el cruce de bases de datos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y del ICBF, encontrando registros de menores que figuraban simultáneamente como beneficiarios de servicios con características similares y dirigidos a la misma población objetivo.

Según los resultados del análisis, en 2024 se habrían identificado 339 casos de atención concurrente, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 976, lo que llevó a la consolidación de 1.315 situaciones en revisión.

De acuerdo con la Contraloría, los programas analizados por ambas entidades estaban orientados a la atención integral de la primera infancia y compartían componentes de intervención similares, lo que permitió establecer una posible duplicidad en la asignación de recursos públicos para la misma población en periodos coincidentes.

El organismo de control indicó que este cruce de información permitió calcular un presunto impacto fiscal superior a los $2.603 millones, distribuidos en más de $1.025 millones correspondientes a la vigencia 2024 y más de $1.122 millones a la vigencia 2025.

Dentro del proceso también se revisaron los mecanismos de control y verificación implementados por la Secretaría Distrital de Integración Social, encontrando posibles fallas en la validación de beneficiarios. Según el ente de control, los sistemas diseñados para evitar la atención simultánea de un mismo menor por parte de diferentes entidades no habrían sido aplicados de forma efectiva, lo que permitió la continuidad de los registros durante dos vigencias consecutivas.

La investigación hace referencia a la aplicación de instrumentos internos como la Resolución 218 de 2023, el portafolio institucional de servicios y los protocolos de seguimiento establecidos para la identificación de beneficiarios. La Contraloría señaló que la ausencia de verificación oportuna habría facilitado la presunta duplicidad en la prestación de los servicios sociales.

El proceso de responsabilidad fiscal también vincula a funcionarios que ocuparon cargos relacionados con la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes tenían a su cargo la supervisión, control y ejecución de los programas dirigidos a la primera infancia. La actuación busca establecer si existieron omisiones en las funciones de seguimiento que derivaron en la situación investigada.

De acuerdo con la entidad, el uso simultáneo de cupos de atención en dos programas financiados con recursos públicos no solo tendría un impacto en el manejo del presupuesto distrital, sino que también habría limitado la disponibilidad de servicios para otros menores que requieren atención en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, el organismo señaló que cada cupo utilizado de manera duplicada representa una asignación que no pudo ser destinada a otros beneficiarios.

El proceso se encuentra actualmente en etapa de responsabilidad fiscal y continuará con la verificación de los hechos, la revisión de los soportes documentales y la determinación de posibles responsables dentro de la administración pública distrital.

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