Consejo de Estado respondió a Petro y defendió la independencia judicial tras acusaciones de “prevaricato”

La tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes volvió a escalar este martes luego de que el Consejo de Estado publicara un contundente comunicado a la opinión pública en respuesta a recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro contra uno de sus magistrados.

La reacción del alto tribunal se produjo después de que el jefe de Estado escribiera en su cuenta de X: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.

Frente a estas afirmaciones, el Consejo de Estado aseguró que las palabras del mandatario “requieren una respuesta institucional oportuna, clara y contundente”, advirtiendo además que el “tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido”.

En el comunicado, el alto tribunal defendió la independencia judicial y recordó que “la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

El Consejo de Estado también expresó preocupación por lo que calificó como “desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales”, señalando que este tipo de mensajes “deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho” y terminan generando “señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

En uno de los apartes más fuertes del pronunciamiento, la corporación judicial sostuvo que la libertad de expresión “no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el ímpetu” y advirtió que este tipo de declaraciones “ponen en peligro la integridad institucional” e incluso “amenazan la integridad física de las personas” que toman decisiones judiciales.

El Consejo de Estado insistió además en que el control judicial sobre el Ejecutivo “no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”, subrayando que sus competencias y legitimidad “se derivan de la misma Constitución Política”.