Consejo de Estado ordenó suspensión provisional de decreto sobre reorganización territorial de EPS

La decisión se produce en el marco de una demanda que cuestionaba los efectos de la medida sobre el sistema de aseguramiento en salud. El decreto establecía una reconfiguración del mapa de operación de las EPS, limitando su presencia en determinados territorios y definiendo una distribución por regiones.

Esta estructura implicaba ajustes en la afiliación de los usuarios del sistema, incluyendo el traslado de millones de personas hacia entidades con operación predominante en las zonas definidas, entre ellas la Nueva EPS, actualmente bajo intervención estatal.

La solicitud de suspensión fue presentada por la congresista Katherine Miranda, quien pidió medidas cautelares argumentando posibles impactos sobre la continuidad de la atención y la permanencia de los usuarios en sus EPS actuales. La petición fue estudiada por el alto tribunal, que resolvió la suspensión provisional mientras avanza el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto.

En su evaluación, el Consejo de Estado señaló que el modelo adoptado por el Gobierno no cumplía con los requisitos del principio de proporcionalidad. En la providencia se indicó que las disposiciones contenidas en el decreto podían generar una afectación relevante al derecho fundamental a la salud, particularmente en lo relacionado con la libre escogencia de EPS, así como en los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio, contemplados en la Constitución.

La decisión también recoge consideraciones previas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en el marco de una acción popular ya había ordenado una medida cautelar de suspensión del mismo decreto. En ese pronunciamiento se advertía sobre posibles efectos para los usuarios derivados de la implementación de la reorganización territorial del aseguramiento.

El Decreto 0182 de 2026, firmado el 25 de febrero, planteaba una reorganización del sistema con base en la distribución geográfica de la población y la capacidad operativa de las EPS en cada región. Dentro de ese esquema, se contemplaba la reasignación de aproximadamente 6,6 millones de afiliados, con una concentración importante en entidades intervenidas.

Katherine Miranda, tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, señaló que la medida cautelar impide la ejecución del traslado de usuarios previsto en la norma. Indicó que la solicitud se centraba en la protección de los afiliados y en la necesidad de garantizar la continuidad de la atención dentro del sistema de salud.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto había sido defendido como una respuesta a dificultades estructurales del sistema. La entidad había explicado que la norma no implicaba traslados masivos automáticos de usuarios, sino mecanismos de asignación en casos específicos en los que una EPS no contara con condiciones operativas adecuadas en determinados territorios.

El Ministerio sostuvo que el objetivo de la medida era asegurar la continuidad del servicio y la atención a los usuarios, bajo criterios de sostenibilidad y organización territorial. También precisó que la libre escogencia de EPS no era eliminada, sino que su ejercicio se enmarcaba dentro de una oferta efectiva de prestadores disponibles en cada región.

Según la cartera, la asignación de afiliados solo se activaría en situaciones donde las EPS no pudieran garantizar la prestación del servicio, con el propósito de evitar interrupciones en la atención de los usuarios.

Defensoría del Pueblo rechazó “condenas” del ELN a funcionarios secuestrados y exigió su liberación inmediata