Consejo de Estado frenó beneficios a cabecillas y Federico Gutiérrez cuestionó al Gobierno Petro

La más reciente decisión del Consejo de Estado, que suspende parcialmente beneficios jurídicos a siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, generó una fuerte reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El pronunciamiento se da luego de que el alto tribunal adoptara medidas cautelares frente a disposiciones que, según el análisis judicial, vulnerarían lo establecido en la Ley 2272 de 2022.

El documento conocido establece, entre otros puntos, la suspensión provisional de apartes de la Resolución 00072 de marzo de 2026, al considerar que se configuraría una infracción relacionada con el parágrafo segundo del artículo 5 de dicha ley. Además, se precisa que, aunque se negaron algunas solicitudes de suspensión total, sí se decretó una medida parcial que impacta directamente a siete personas vinculadas a estructuras criminales.

Frente a esta determinación, el alcalde Gutiérrez fue enfático en señalar que su administración había advertido sobre los riesgos de otorgar beneficios a actores criminales. “Lo dijimos desde el primer día. Y la justicia nos dio la razón”, afirmó.

El mandatario local también cuestionó al presidente Gustavo Petro, asegurando que desde el Gobierno Nacional se pretendía avanzar en medidas que, a su juicio, favorecían a estos actores ilegales. “Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó”, expresó.

En su declaración, Gutiérrez insistió en una postura de mano firme contra las estructuras delincuenciales que operan en el territorio. “A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley”, dijo.

El fallo también hace referencia a que los efectos jurídicos de suspensiones previas sobre órdenes de captura de otras 16 personas ya habían cesado, tras una revocatoria parcial emitida en abril de 2026. Sin embargo, la nueva decisión mantiene el foco en un grupo reducido de cabecillas que seguirían bajo análisis judicial.

Para el alcalde de Medellín, las recientes decisiones tanto de la Fiscalía como de las altas cortes representan un mensaje institucional contundente. “Las recientes decisiones de la Fiscalía y de las altas cortes envían un mensaje claro: Colombia no puede ceder frente a los criminales ni mandar señales de impunidad”, sostuvo.

Gutiérrez también reiteró el compromiso de su administración con la articulación institucional para enfrentar la criminalidad en el Valle de Aburrá. “Desde Medellín seguiremos trabajando con la Policía, la Fiscalía y todas las instituciones para enfrentar el crimen de frente”, indicó.

El pronunciamiento cierra con una postura categórica frente a la política de seguridad: “La seguridad no se negocia. La institucionalidad debe estar del lado de la gente buena”.