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Consejo de Estado frena decreto del gobierno Petro que cambiaba el cálculo de las rentas vitalicias

El alto tribunal suspendió de manera provisional el Decreto 1485 de 2025, que modificaba el mecanismo de cobertura del llamado "deslizamiento del salario mínimo" en las pensiones privadas, al considerar que el Gobierno no surtió el trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

IFM Noticias
Redacción
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Consejo de Estado frena decreto del gobierno Petro que cambiaba el cálculo de las rentas vitalicias

¿Qué es el "deslizamiento" y qué cambiaba el decreto?

Una renta vitalicia es una pensión que paga una aseguradora de por vida a cambio del capital ahorrado por el afiliado. Cuando esa pensión equivale al salario mínimo, debe subir cada año al ritmo del mínimo, que suele crecer más que la inflación (IPC). Esa diferencia es el "deslizamiento", un riesgo que históricamente se ha compartido entre el Estado y el sector privado.

Según la información, el Decreto 1485 sustituía las reglas anteriores y fijaba una nueva fórmula: el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35% del promedio de variación del IPC en el mismo período. Con ese cambio, el parámetro de referencia pasaba de 0,39% a 1,99%, cerca de cinco veces más, lo que reducía la porción del riesgo asumida por el Estado y aumentaba la de las aseguradoras.

¿Quiénes demandaron y por qué se suspendió?

La norma fue demandada por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la compañía ASULADO Seguros de Vida S.A. El tribunal mantuvo la negativa a la medida cautelar pedida por los dos gremios, pero revocó el rechazo de la solicitud de ASULADO, y con base en esta última decretó la suspensión.

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El argumento central fue procedimental. La aseguradora sostuvo que el decreto podía afectar la libre competencia en el mercado de seguros y que, por eso, debía someterse a la evaluación previa de la SIC que exige el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, conocida como abogacía de la competencia. El Consejo de Estado no encontró "elemento de juicio alguno" que evidenciara estudios sobre esos efectos.

El Ministerio de Hacienda defendió que la consulta no era necesaria por tratarse de una norma de seguridad social y no de comercio. El tribunal, sin embargo, concluyó que cuando una regulación altera costos, riesgos o condiciones de competencia de las aseguradoras, la ley exige ese análisis.

¿Qué pasa ahora con los pensionados?

La suspensión provisional es una medida cautelar: no equivale a una anulación definitiva, sino que impide que la norma se aplique mientras se tramita el proceso. Mientras tanto, vuelven a regir las reglas vigentes desde 2015, contenidas en el Decreto 036 de ese año.

La decisión no implica, por sí sola, un aumento ni una reducción automática de las mesadas que hoy se pagan. Su principal efecto está en cómo se calculan y financian las nuevas rentas vitalicias. Asofondos y Fasecolda habían estimado que, con el decreto, el capital necesario para una renta vitalicia de un salario mínimo subiría de unos 349 millones de pesos a cerca de 549 millones. Se trata de cálculos de los demandantes que el Consejo de Estado no declaró probados.

Próximos pasos

El debate de fondo sobre la legalidad del Decreto 1485 y sus efectos económicos y actuariales se resolverá en la sentencia definitiva, para la cual no hay fecha conocida. Hasta el cierre de esta edición no se conocían pronunciamientos oficiales del Gobierno tras la decisión.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno Petro?

La decisión se tomó porque el Gobierno no cumplió con el trámite obligatorio de 'abogacía de la competencia' ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El tribunal determinó que, al alterar costos y riesgos para las aseguradoras, era necesario un análisis previo sobre su impacto en el mercado.

¿Qué cambio buscaba implementar la norma en las pensiones?

El decreto modificaba la fórmula para cubrir el 'deslizamiento del salario mínimo', que es la diferencia entre el aumento del mínimo y la inflación. La nueva regla aumentaba el parámetro de referencia de 0,39% a 1,99%, lo que trasladaba una mayor carga financiera del Estado hacia las aseguradoras privadas.

¿Qué pasará con los pensionados tras esta decisión judicial?

La suspensión es provisional y no afecta las mesadas que se pagan actualmente, sino la forma en que se calculan las nuevas rentas vitalicias. Mientras se resuelve el proceso de fondo, volverán a aplicarse las reglas de juego vigentes desde el año 2015.

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