Tribunal ordena a la Presidencia entregar la lista de invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) negó sin justificación la lista de invitados a la ceremonia del 7 de agosto de 2026 en Cali y le ordenó entregar, en cinco días hábiles, una versión pública con los nombres de los asistentes convocados y el cargo o la calidad en que fueron invitados.
De un derecho de petición a un recurso de insistencia
La petición fue radicada ante el Dapre el 11 de agosto, cuatro días después de la posesión presidencial, que se celebró en Cali y no en Bogotá, como es tradición. En ella se pedía copia de la lista completa de invitados al acto de juramento del presidente Abelardo de la Espriella.
El 29 de septiembre, el Dapre respondió que no era procedente entregar esa información porque contenía datos personales de terceros. La entidad invocó el derecho a la intimidad (artículo 15 de la Constitución), la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y una de las excepciones de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014). Además, argumentó que los invitados no habían autorizado, ni expresa ni tácitamente, que se compartieran sus datos.
Ante esa negativa, la periodista solicitante acudió al recurso de insistencia, un mecanismo que permite a quien recibe un "no" de una entidad por motivos de reserva pedir que un juez revise si esa reserva es legal. El 22 de octubre, el Dapre remitió el caso al tribunal y le dejó a los magistrados la ponderación entre el derecho de acceso a la información y la privacidad de los asistentes.
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Los magistrados concluyeron que el nombre de una persona invitada a una ceremonia oficial, pública y financiada con recursos del Estado es un dato público, no un dato privado, semiprivado o sensible. Recordaron que buena parte de los asistentes a una posesión presidencial suelen ser servidores públicos, representantes de gobiernos u otras figuras con una expectativa de intimidad reducida, y señalaron que la propia respuesta del Dapre reconocía que esos datos "tienen carácter público".
El fallo también precisó que, según la Ley 1581, no se necesita el consentimiento del titular para divulgar datos de naturaleza pública. Y subrayó que la Ley de Transparencia impone a la entidad que niega información la carga de demostrar un "daño presente, probable y específico" si la revela, algo que, según el tribunal, la Presidencia no hizo. Por eso declaró que la información fue "mal denegada" y que la reserva invocada "no se encuentra justificada".
¿Qué deberá entregar la Presidencia?
El tribunal ordenó al Dapre entregar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, una versión pública de la lista. Una versión pública es una copia del documento en la que se tachan únicamente los datos que la ley sí protege. En este caso, la Presidencia podrá omitir números de documento de identidad, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos sensibles e información sobre niñas, niños y adolescentes. En cambio, deberá incluir el nombre de cada invitado y, si el documento lo contiene, su cargo, la entidad u organización a la que pertenece o la calidad en la que fue convocado.
El contexto
La ceremonia del 7 de agosto estuvo rodeada de controversia: hubo acciones judiciales que buscaron trasladarla a Bogotá y polémica porque los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados. Según reportes de prensa de esos días, entre los asistentes anunciados figuraban mandatarios extranjeros como Javier Milei y Daniel Noboa.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Presidencia?
El tribunal ordenó al Dapre entregar, en un plazo de cinco días hábiles, la lista de invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella celebrada en Cali.
¿Por qué la Presidencia se negaba a entregar esta información?
El Dapre argumentó que la lista contenía datos personales protegidos por el derecho a la intimidad y que los asistentes no habían autorizado la divulgación de sus nombres.
¿Cuál fue el argumento del tribunal para obligar la entrega de la lista?
Los magistrados determinaron que los nombres de los asistentes a un evento oficial financiado con recursos públicos son datos de naturaleza pública y que la Presidencia no demostró un daño real al revelarlos.
¿Qué datos específicos se deben incluir y cuáles se pueden omitir?
La Presidencia debe entregar los nombres y cargos de los invitados, pero podrá tachar datos sensibles como números de cédula, direcciones, teléfonos y correos electrónicos.
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