Comisión de Acusaciones abrió investigación previa contra Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha dado un paso significativo al abrir una investigación previa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta acción se enmarca en el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, una conducta tipificada en el artículo 396A del Código Penal colombiano, que busca salvaguardar la transparencia y legalidad de los procesos democráticos.

La determinación de iniciar este proceso quedó formalmente consignada en el “Auto de Sustanciación No. 01”, identificado con el expediente 7282. Este documento crucial lleva la firma de la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien asumió la responsabilidad del caso tras serle asignado mediante la Resolución No. 489, emitida el 9 de febrero de 2026. La celeridad en la apertura de esta fase preliminar subraya la seriedad con la que la Comisión aborda las denuncias.

Según lo detallado en el documento oficial, la investigación se inicia de oficio, es decir, por iniciativa propia de la Comisión, a partir de información de gran relevancia que fue ampliamente divulgada en diversos medios de comunicación. El detonante principal fueron las declaraciones de la reconocida periodista y presentadora Victoria Eugenia Dávila, quien el pasado 3 de febrero reveló un audio que ha generado considerable controversia. Este material sonoro es presuntamente atribuido a alias “Pipe Tulúa”, quien es señalado como el máximo cabecilla de la estructura criminal conocida como “La Inmaculada”.

El expediente cita textualmente fragmentos del audio, los cuales aseguran que alias “Pipe Tulúa” habría “entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro”. Esta afirmación, de confirmarse, implicaría una grave violación a las normas de financiación electoral, al vincular recursos de origen ilícito con la campaña que llevó al actual mandatario a la Casa de Nariño.

La gravedad de la situación se intensifica con las declaraciones que sugieren que alias “Pipe Tulúa” no solo habría realizado dichos aportes, sino que también contaría con un arsenal probatorio. El documento señala que el presunto cabecilla tendría en su poder “videos, audios y soportes de consignaciones” que servirían como evidencia irrefutable de los supuestos aportes ilegales. Además, la Comisión ha tomado nota de que, según las declaraciones conocidas públicamente, estos recursos no solo habrían tenido un destino político, sino que también estarían relacionados con “otros asuntos relacionados con la DIAN”, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. Un detalle adicional que ha captado la atención es la mención de que estas pruebas “serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, lo que podría escalar el caso a una dimensión internacional.

Tras un análisis preliminar de la información y las denuncias, la Comisión Legal de Investigación y Acusación concluyó que existen méritos suficientes para iniciar una etapa preliminar de verificación judicial. Esta fase es crucial para determinar la veracidad de las acusaciones y recopilar más elementos que permitan avanzar en el proceso.

“DAR APERTURA DE INVESTIGACIÓN PREVIA de acuerdo con la parte motiva del presente Auto”, reza la decisión de la Comisión, formalizando así el inicio de las indagaciones.

Como parte de las acciones ordenadas, el despacho investigador ha decretado la práctica de diversas pruebas que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se ha dispuesto la vinculación del Ministerio Público al proceso, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley 600 de 2000. Esta normativa obliga la presencia y participación activa del Ministerio Público en todas las investigaciones adelantadas ante la Cámara de Representantes, garantizando así la defensa del orden jurídico, los derechos fundamentales y el patrimonio público.