Caso de las 48: Fiscalía reprograma declaración de Deicy Jiménez para el 10 de noviembre

La Fiscalía General de la Nación ha definido una nueva hoja de ruta procesal en el marco de las investigaciones que rodean el denominado caso de las 48. Tras la inasistencia de la denunciante principal a la cita inicialmente pactada para el pasado martes 3 de noviembre, el ente acusador tomó la determinación de reprogramar la diligencia judicial. En consecuencia, se ha fijado el próximo martes 10 de noviembre como la fecha definitiva en la que Deicy Jiménez deberá comparecer formalmente ante las autoridades competentes.

Esta actuación judicial se considera un paso determinante para el avance del expediente, ya que el propósito central es que la ciudadana amplíe, ratifique y entregue detalles pormenorizados sobre sus denuncias. Jiménez ha señalado públicamente la presunta existencia de una red de irregularidades enquistada en la administración pública, donde se habrían canjeado vínculos laborales por beneficios personales de índole privada.

El núcleo de la investigación que adelanta la Fiscalía se fundamenta en las graves afirmaciones realizadas por Deicy Jiménez. Según su relato, se habría estructurado un esquema de corrupción sistemática en el cual la adjudicación de contratos con diversas entidades del Estado no dependía exclusivamente de la idoneidad profesional, sino que se utilizaba como una moneda de cambio para la obtención de favores sexuales. Estas acusaciones apuntan directamente a la gestión realizada durante el periodo de gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Con el ajuste en el cronograma y la fijación de la nueva fecha para el 10 de noviembre, el organismo de justicia busca agilizar el recaudo de material probatorio. La intención es escuchar de manera directa y bajo la gravedad de juramento la versión de quien ha puesto en tela de juicio la transparencia y la ética en los procesos de contratación estatal. La Fiscalía intenta determinar si estas prácticas fueron aisladas o si respondieron a una estructura organizada dentro del aparato gubernamental.

El requerimiento emitido para la declaración de Jiménez no es una acción aislada, sino que se integra en un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos de alta complejidad. Las autoridades buscan dar claridad absoluta a las circunstancias bajo las cuales se efectuaron ciertas vinculaciones laborales en instituciones del sector público, estableciendo si existieron vicios en el consentimiento de las personas contratadas o si se presentaron abusos de poder derivados de la posición jerárquica de altos funcionarios del Estado.

Es fundamental destacar que, de forma paralela a la citación para la declaración juramentada, se han ejecutado actividades periciales de gran relevancia. Recientemente, Deicy Jiménez acudió a las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde especialistas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo una extracción forense exhaustiva de la información almacenada en su dispositivo móvil personal. Este procedimiento es una pieza clave, pues permite a los investigadores acceder a registros digitales que podrían servir como sustento o corroboración de las versiones entregadas por la denunciante.

Es importante precisar que la intervención técnica sobre el teléfono celular de Jiménez fue ejecutada bajo una orden expresa de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción se desprende de las indagaciones que buscan recopilar elementos materiales probatorios sólidos en el marco de las denuncias interpuestas por la ciudadana contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro.

Durante dicha diligencia, los peritos forenses realizaron una "copia espejo" de la totalidad de los datos del equipo, lo que incluye archivos multimedia, fotografías, videos, registros de llamadas y el historial completo de conversaciones en plataformas de mensajería como WhatsApp. Todo este material digital está siendo sometido a un análisis riguroso para identificar elementos con relevancia jurídica que puedan ser incorporados al proceso.

No obstante, las autoridades judiciales han aclarado que la presencia de Jiménez en el búnker para la entrega del equipo no constituyó una declaración formal. Aquella jornada tuvo como único fin facilitar el acceso técnico al dispositivo, por lo que no se realizó ninguna entrevista ni se recibió testimonio sobre los hechos. La entrega del móvil se produjo de manera voluntaria, tras un acuerdo entre la denunciante y su equipo de defensa legal, quienes han manifestado su disposición para suministrar todas las evidencias necesarias.

El expediente cobró relevancia nacional tras las declaraciones sobre supuestas anomalías sistemáticas en la vinculación de personal femenino durante la gestión de Petro. Las acusaciones sugieren que los vínculos contractuales en dependencias oficiales habrían estado condicionados a conductas relacionadas con favores sexuales, lo que generó una respuesta inmediata de las instituciones de justicia.

Jiménez ha indicado en sus relatos que el contacto inicial con el entonces mandatario se habría producido en el año 2019, época en la que él se desempeñaba como senador de la República. Según su versión, ella habría formado parte de una red presuntamente integrada por un grupo de entre 30 y 40 mujeres. El testimonio sostiene que varias de estas personas habrían sido incorporadas a la nómina estatal mediante contratos de prestación de servicios en distintas oficinas del Gobierno.

La denunciante afirma poseer información detallada para identificar las condiciones de dichas contrataciones y señalar a los individuos que actuaron como intermediarios o responsables de coordinar estas maniobras. Sin embargo, es imperativo subrayar que estas investigaciones se encuentran en etapa de desarrollo y los testimonios deben ser contrastados rigurosamente con documentos oficiales. Hasta el momento, estas acusaciones no constituyen hechos judicialmente probados ni cuentan con sentencias en firme.

La labor de la Fiscalía no se limita al testimonio de Deicy Jiménez. El plan de trabajo investigativo incluye diligencias con otros servidores y exservidores públicos que podrían aportar información sobre la gestión de la contratación en la Presidencia de la República. Entre los nombres relevantes figura el de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Aunque su comparecencia ya fue establecida, la fecha exacta se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, atendiendo a las preocupaciones manifestadas por la exfuncionaria.

Por otro lado a Carlos Ríos, actual director del DAPRE, fue citado para los días 18 y 19 de noviembre, luego de que solicitara tiempo adicional para organizar su intervención y consolidar la documentación técnica que entregará a la Fiscalía. Con la citación de Jiménez para el 10 de noviembre, la justicia espera dar un paso definitivo en la verificación de estas graves denuncias que impactan la sensibilidad política y social del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué se investiga en el denominado 'caso de las 48'?

La Fiscalía investiga una presunta red de corrupción en la que se habrían canjeado contratos estatales por favores sexuales durante la gestión de Gustavo Petro.

¿Quién es la principal denunciante y qué pasará con su proceso?

Deicy Jiménez es la denunciante, quien deberá comparecer ante la Fiscalía el próximo 10 de noviembre tras haber faltado a una cita inicial el 3 de noviembre.

¿Qué pruebas se han recolectado hasta el momento?

El CTI realizó una extracción forense del celular de Jiménez, obteniendo una 'copia espejo' de mensajes, llamadas y archivos para corroborar sus acusaciones contra el mandatario y la excongresista María José Pizarro.