Camargo no cede: Mantiene vigentes las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo pese a solicitud del Gobierno

La decisión se da, luego de una reunión que sostuvo durante más de tres horas con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y delegados del Gobierno nacional. El encuentro se desarrolló en medio de las diferencias entre la Fiscalía y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz frente a la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), mecanismo previsto por el Gobierno para avanzar en el proceso de sometimiento y negociaciones con esa estructura armada.

Aunque los representantes del Ejecutivo insistieron en la necesidad de suspender las órdenes de captura para facilitar el traslado de los cabecillas hacia dichas zonas, la fiscal sostuvo los argumentos expuestos previamente en la Resolución 0-142 de 2026.

La discusión comenzó semanas atrás, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó el listado de 29 integrantes del Clan del Golfo y solicitó a la Fiscalía adoptar medidas que permitieran garantizar su desplazamiento hacia las ZUT, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el próximo 25 de junio. Según el Gobierno, esa medida hacía parte de las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de paz y facilitar la ubicación de los integrantes de la organización en espacios delimitados bajo supervisión estatal.

Sin embargo, la Fiscalía resolvió abstenerse de suspender de manera automática las órdenes de captura mientras no exista información suficiente y verificable sobre el estado de avance de los compromisos adquiridos por el grupo armado. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 0-142, en la que el ente acusador indicó que todavía no cuenta con elementos que permitan establecer el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para otorgar ese tipo de medidas.

Tras conocerse esa determinación, Otty Patiño emitió un comunicado en el que defendió la actuación de la Consejería de Paz y sostuvo que las solicitudes realizadas se ajustan a lo establecido en la Ley 2272 de 2022, normativa que desarrolla la política de paz del Estado. El funcionario afirmó que en ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias de la Fiscalía y aseguró que las actuaciones de la Oficina del Consejero se han realizado dentro del marco constitucional y legal.

Pese al encuentro sostenido entre ambas partes, la postura de la Fiscalía no cambió. La Fiscal General reiteró que aún no existe certeza sobre las condiciones necesarias para implementar la suspensión de las órdenes de captura y consideró indispensable verificar aspectos relacionados con el cumplimiento de los compromisos de paz por parte del Clan del Golfo.

Dentro de esos requisitos, la Fiscalía mencionó la necesidad de constatar avances concretos en la entrega de armas, la liberación y entrega de menores reclutados, la ubicación de personas desaparecidas, el cese de hostilidades contra la población civil y la suspensión de conductas violatorias del derecho internacional humanitario. También señaló la importancia de verificar la desarticulación de las estructuras financieras y criminales que sostienen a la organización armada.

En la resolución, la Fiscalía explicó que la información remitida por el Gobierno permite conocer la intención de algunos integrantes del grupo de ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal, pero advirtió que todavía no existe claridad sobre el contenido de los acuerdos alcanzados, el nivel de cumplimiento efectivo ni el universo total de integrantes que quedarían bajo control institucional. Según el documento, la verificación de esa información no puede depender únicamente de los reportes entregados por miembros del grupo armado, sino que debe ser adelantada por autoridades del Estado mediante mecanismos verificables.

La entidad también indicó que las ZUT deben entenderse como un mecanismo orientado a facilitar la desmovilización y el sometimiento a la justicia, y no como una autorización general de movilidad o un cierre anticipado del proceso judicial. En ese sentido, precisó que la suspensión de órdenes de captura y los efectos de inmunidad de tránsito y permanencia solamente empezarían a operar a partir del 25 de junio de 2026, fecha establecida para el inicio formal de esas zonas.

Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía tiene relación con la presencia en el listado de personas requeridas en extradición. Entre ellas aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, solicitado por Estados Unidos y respecto del cual ya existe concepto favorable de extradición emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Frente a ese caso, la Fiscalía recordó la necesidad de mantener los compromisos de cooperación judicial internacional en materia de delitos transnacionales.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro y los delegados del proceso de paz acordaron que en la primera fase de implementación de las ZUT no harán presencia integrantes con órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Aun así, el Gobierno mantiene la intención de avanzar en el traslado de los cabecillas hacia cinco zonas de ubicación temporal, una medida que sigue condicionada a la eventual suspensión de las órdenes de captura, decisión que por ahora continúa en manos de la Fiscalía.

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