Cámara ordenó inspección a inteligencia del Estado por denuncias de interceptaciones contra candidato presidencial

La diligencia se llevará a cabo en Bogotá este 23 de abril a la Dirección Nacional de Inteligencia con acompañamiento de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo de recolectar pruebas documentales y verificar procedimientos internos relacionados con actividades de inteligencia.

El proceso se activó tras una denuncia presentada por el abogado Germán Calderón España, quien advirtió posibles seguimientos y operaciones desde entidades estatales contra el aspirante. A partir de esta acción, la Comisión ordenó avanzar en la recopilación de información clave y acelerar las actuaciones dentro del expediente.

La presidente de la célula legislativa, Gloria Arizabaleta, firmó un auto en el que instruyó solicitar a la DNI detalles sobre su estructura organizacional, así como la identificación de sus directores durante los últimos cuatro años. También se requirió información sobre los funcionarios que ejercen funciones de Policía Judicial dentro de la entidad.

En el mismo documento se ordena al actual director de la DNI, René Guarín, facilitar el acceso a la información solicitada y colaborar con la inspección judicial que se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana. La diligencia incluye la verificación de registros, reportes, misiones de trabajo y cualquier documento relacionado con inteligencia o contrainteligencia que pueda tener relación con el caso.

Uno de los elementos centrales dentro de la investigación es un mensaje publicado en la cuenta de X por Petro el 4 de abril. En esa publicación, el mandatario hizo referencia a supuestos informes de inteligencia que involucrarían a De la Espriella en conversaciones con accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons. La Comisión solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) certificar la autenticidad, el contexto y la naturaleza de ese mensaje, con el fin de establecer si corresponde a una comunicación personal o institucional.

Las actuaciones también incluyen la preservación inmediata de registros digitales, enlaces, trazabilidades y soportes documentales, con el propósito de evitar alteraciones o pérdida de información relevante. Dentro de esta orden se encuentran tanto archivos internos de la DNI como referencias externas, entre ellas publicaciones en medios de comunicación y pronunciamientos de entidades judiciales.

En paralelo, la Comisión tiene en trámite dos denuncias relacionadas con este caso. Una fue presentada directamente por el candidato presidencial y otra por su equipo jurídico, siendo esta última la que actualmente avanza en la etapa de recolección de pruebas. El abogado Calderón España amplió su denuncia el pasado 15 de abril y solicitó participar en la diligencia de inspección.

El proceso contempla además la toma de declaraciones a diferentes funcionarios. Entre ellos se encuentran el presidente Petro, quien hizo públicas las referencias a los supuestos informes de inteligencia, así como exfuncionarios de la DNI como Jorge Lemus y Wilmar Mejía. También está prevista la comparecencia del actual director de la entidad.

Por fuera del ámbito interno, De la Espriella informó que puso en conocimiento de organismos internacionales y de autoridades extranjeras las denuncias relacionadas con presuntas interceptaciones. Entre los destinatarios de esas comunicaciones se encuentra Marco Rubio, además de instancias del Parlamento Europeo.

En esas comunicaciones, el candidato señaló la existencia de supuestas prácticas de perfilamiento político en su contra, así como un contexto que, según su versión, incluye amenazas y hechos de violencia. Estas afirmaciones hacen parte del material que ahora es objeto de verificación dentro del proceso que adelanta la Comisión.

La inspección programada busca establecer la existencia o inexistencia de órdenes, operaciones o actividades de inteligencia relacionadas con el candidato, así como determinar la trazabilidad de los registros dentro de la entidad. La diligencia se enmarca en las funciones constitucionales de la Comisión de Acusación, encargada de investigar a altos funcionarios del Estado.

Mientras avanzan las actuaciones, el organismo notificó a los sujetos procesales y al Ministerio Público sobre el desarrollo de la investigación, conforme a los procedimientos legales vigentes. La recopilación de pruebas y testimonios será determinante en la siguiente etapa del proceso, que continúa bajo reserva.

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