Bombardeos militares podrán continuar, pero con mayores controles cuando haya menores

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la medida que suspendía temporalmente los bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos de grupos armados ilegales en Colombia. La decisión fue adoptada al resolver de fondo una acción de tutela relacionada con la presencia de menores de edad en estructuras armadas.

Aunque la providencia permite nuevamente las operaciones aéreas ofensivas cuando sean jurídicamente procedentes, también establece un estándar reforzado de precaución para aquellos casos en los que las autoridades tengan información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por organizaciones armadas.

El antecedente de la decisión se remonta al 2 de septiembre, cuando el mismo juzgado ordenó suspender temporalmente los ataques aéreos en los casos en que existieran indicios verificables sobre la presencia de menores en los campamentos.

La medida se produjo después de operaciones militares en las que se reportó la muerte de menores de edad. El debate judicial se concentró en la necesidad de establecer cómo deben actuar las autoridades cuando existe información sobre niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados en las zonas donde se proyecta una operación.

Con la nueva sentencia, el juzgado determinó que no corresponde mantener una prohibición general de los bombardeos. Sin embargo, estableció obligaciones adicionales para las Fuerzas Militares antes de ejecutar operaciones en escenarios donde pueda existir presencia de menores.

Entre las condiciones establecidas se encuentra la obligación de verificar y contrastar la información disponible sobre la posible presencia de menores. Esa circunstancia deberá ser incorporada en la evaluación jurídica y operacional previa al ataque.

Las autoridades también deberán analizar los riesgos para la vida y la integridad de los menores, así como valorar la existencia de alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable.

El fallo ordena además aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad previstos por el Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los aspectos centrales de la decisión consiste en precisar que la presencia de un niño, niña o adolescente dentro de un campamento de un grupo armado no permite considerarlo automáticamente como un objetivo militar legítimo.

La condición de víctima de reclutamiento deberá ser tenida en cuenta dentro de la evaluación correspondiente. De esta manera, la sentencia mantiene la posibilidad de realizar operaciones contra objetivos militares, pero exige una valoración específica cuando existan elementos que indiquen la presencia de menores.

El juzgado también dispuso que las autoridades avancen en la elaboración de un protocolo de precaución para las operaciones en las que se tenga información sobre niños, niñas o adolescentes.

La determinación judicial modifica las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse los bombardeos contra estructuras armadas. La suspensión general queda levantada, pero las operaciones deberán cumplir las exigencias establecidas en la sentencia cuando existan elementos verificables relacionados con menores.

Según información reportada por AFP, los ataques aéreos permanecen suspendidos en la región amazónica y en Guaviare mientras se desarrolla un proceso judicial independiente ante un juez regional.

La decisión constituye así el nuevo marco judicial para las operaciones aéreas frente a estructuras armadas en los casos en que pueda existir presencia de menores reclutados o utilizados por estas organizaciones. Las autoridades deberán incorporar la información disponible, evaluar los riesgos y considerar alternativas antes de ejecutar cada operación.

El debate sobre el uso de bombardeos en zonas con presencia de menores continúa relacionado con las obligaciones del Estado frente a la seguridad, las operaciones militares y la protección de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado.