Autoridades suspendieron licencias a empresas de vigilancia tras detectar actividades ilegales
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad privada en diferentes regiones del país, luego de identificar un patrón de infiltración criminal en el sector.
La medida fue comunicada a través de un boletín oficial en el que la entidad expuso avances de investigaciones en curso y decisiones administrativas adoptadas en primera instancia. De acuerdo con la información entregada, las acciones se concentran en compañías que, pese a contar con permisos legales para operar, habrían sido utilizadas posteriormente para facilitar actividades ilícitas.
El superintendente, Larry Álvarez Morales, explicó que el esquema detectado consiste en la obtención de licencias cumpliendo inicialmente la normativa, seguido del uso de personal, armas o recursos en favor de estructuras criminales.
Las decisiones incluyen la cancelación de licencias en casos específicos, como el de empresas con sede en Barranquilla, entre ellas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., cuyas autorizaciones fueron revocadas en fallo de primera instancia. Según la entidad, estas medidas forman parte de un proceso que se adelanta bajo parámetros de debido proceso, mientras avanzan las verificaciones administrativas y judiciales correspondientes.
La Superintendencia indicó que el alcance de las investigaciones no se limita a las empresas ya sancionadas. En el mismo reporte se informó que al menos ocho compañías adicionales se encuentran bajo análisis y podrían enfrentar sanciones en el corto plazo, conforme se consoliden los hallazgos recopilados por los equipos de inspección, vigilancia y control.
En el desarrollo de estas indagaciones, las autoridades identificaron irregularidades relacionadas con el uso de armamento autorizado que habría sido vinculado a hechos delictivos. Asimismo, se evidenció la presencia de personal con nexos con organizaciones ilegales, lo que, según lo señalado, podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y otras economías ilícitas.
La entidad explicó que este resultado se enmarca en un trabajo coordinado con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido consolidar información, avanzar en procesos judiciales y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de armas en manos de particulares. Entre los objetivos de esta articulación se encuentran la identificación de patrones de comportamiento, el cruce de bases de datos y la detección de inconsistencias en la operación de las empresas vigiladas.
En su pronunciamiento, el superintendente reiteró que las actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en un sector que, según cifras oficiales, genera empleo para más de 360.000 familias en el país. En ese contexto, señaló que la mayoría de las compañías de vigilancia privada operan dentro del marco legal, aunque insistió en la necesidad de reforzar los controles para evitar que estructuras ilegales utilicen estas organizaciones como plataforma para sus actividades.
La Superintendencia también señaló que el modelo de supervisión será reforzado mediante el uso de herramientas de inteligencia, analítica de datos y cooperación interinstitucional. Este enfoque busca mejorar la capacidad de detección temprana de irregularidades y fortalecer la trazabilidad de los recursos, el personal y los equipos utilizados por las empresas del sector.
Dentro del mismo boletín, la entidad hizo un llamado a todas las compañías de vigilancia privada para que mantengan un cumplimiento estricto de las disposiciones legales, advirtiendo que cualquier incumplimiento será objeto de sanciones administrativas. La autoridad de control indicó que continuará con procesos de inspección en distintas regiones del país, con el objetivo de verificar las condiciones de operación y prevenir la utilización indebida de licencias.
El anuncio de la suspensión de licencias y la continuidad de las investigaciones deja abierto el proceso de verificación sobre otras empresas que podrían estar involucradas en prácticas similares, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y en la definición de nuevas decisiones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.


(EN VIDEO) Ataque sicarial en zona concurrida de Usaquén desató tiroteo y dejó seis heridos, incluido un menor
Noticias relacionadas
JEP solicita reunión con el Gobierno electo para abordar financiación y continuidad de sus funciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó una reunión institucional con el presidente…
Contraloría advirtió que recursos para atender la emergencia por el Frente Frío siguen sin ejecutarse pese a recaudo de $7,59 billones
La Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución de los recursos obtenidos…
Aerocivil sancionó a American Airlines tras investigación por presunto incumplimiento en el pago de comisiones a agencias de viajes
La Aeronáutica Civil expidió la Resolución 02124 del 3 de julio de 2026, mediante la cual adopta…