Autoridades de Antioquia y Concejo de Medellín alistan acciones legales contra suspensión de órdenes de captura

La controversia por la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en el Valle de Aburrá continúa escalando. A la acción de nulidad anunciada por la Gobernación de Antioquia y varios alcaldes del área metropolitana, se suma ahora una nueva iniciativa liderada por el Concejo de Medellín.

El presidente de esta corporación, Alejandro de Bedout, confirmó que el próximo lunes 6 de abril presentará ante el Consejo de Estado una demanda con el propósito de anular la resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión, según explicó, también incluirá la solicitud de una medida cautelar para suspender de manera inmediata los efectos del acto administrativo mientras se resuelve el fondo del proceso.

La acción jurídica del Concejo se suma a la ya anunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en conjunto con los mandatarios de los diez municipios del Valle de Aburrá y el municipio de Rionegro. Todos buscan que el alto tribunal revise la legalidad de la resolución que, en el marco de los acercamientos de paz en la cárcel de Itagüí, dejó sin efecto las órdenes de captura contra estos cabecillas.

De Bedout señaló que la decisión de la Fiscalía genera preocupación en distintos sectores, especialmente por las posibles implicaciones en materia de seguridad. Indicó que la solicitud de medida cautelar tiene como objetivo evitar que la resolución continúe produciendo efectos mientras se adelanta el estudio de nulidad.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que esta decisión podría tener en los territorios, en particular en barrios de Medellín donde operan estas estructuras. Según explicó, existe inquietud frente a la posibilidad de que algunos de los cabecillas queden en condiciones que limiten la acción de la justicia frente a eventuales conductas delictivas.

Este escenario se da en medio de un debate más amplio sobre el alcance jurídico de las decisiones adoptadas en el marco de los procesos de paz urbana. Aunque la Fiscalía General y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han precisado que 16 de los cabecillas continúan privados de la libertad, y que siete ya se encontraban en libertad antes de la resolución, desde sectores regionales persisten las dudas sobre las consecuencias legales de la medida.

Algunos expertos han advertido que esta suspensión podría ser utilizada por las defensas de los procesados para solicitar beneficios adicionales ante jueces de ejecución de penas, lo que incrementa la preocupación institucional en Antioquia.

Las demandas anunciadas se radicarán una vez finalice la vacancia judicial, en un contexto en el que distintas autoridades han solicitado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revisar la decisión adoptada. El caso pone en evidencia las tensiones entre las estrategias de negociación con estructuras criminales y las garantías de justicia y seguridad en las regiones.

El pronunciamiento definitivo quedará ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar la legalidad de la resolución y las solicitudes de suspensión provisional elevadas por las autoridades territoriales.