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Autoridades confirmaron carnetización ilegal de las disidencias de las Farc para controlar población y presionar el voto en Meta y Guaviare

Tras un consejo de seguridad realizado en la Gobernación del Meta, autoridades civiles y militares alertaron sobre una presunta estrategia de control territorial adelantada por las disidencias de las Farc en zonas rurales del Meta y Guaviare. Según las denuncias, grupos armados estarían realizando procesos de carnetización ilegal de campesinos y habitantes de la región en medio del ambiente electoral.

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Autoridades confirmaron carnetización ilegal de las disidencias de las Farc para controlar población y presionar el voto en Meta y Guaviare
Foto: Cortesía

Las autoridades del Meta encendieron las alarmas tras confirmar denuncias relacionadas con una presunta campaña de carnetización adelantada por estructuras armadas ilegales de las disidencias de las FARC en municipios rurales del Meta y Guaviare.

La información fue revelada al término de un consejo de seguridad realizado en la Gobernación del Meta, donde participaron mandos militares, autoridades civiles y organismos de seguridad, confirmando lo que ya había denunciado el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, integrantes de grupos armados estarían entregando documentos o registros ilegales a habitantes de varias zonas rurales con el propósito de ejercer control sobre la población y monitorear la actividad electoral en esos territorios.

Las autoridades señalaron que la situación representa una grave amenaza para la libertad de participación política y la seguridad de las comunidades campesinas.

Denuncias apuntan a presión electoral a favor de Iván Cepeda

Según testimonios conocidos por las autoridades, la carnetización estaría siendo utilizada como mecanismo de presión e intimidación sobre la población civil de cara al proceso electoral.

Habitantes de algunas zonas del llano colombiano habrían manifestado que las estructuras ilegales buscan influir en la orientación del voto de las comunidades rurales.

Las denuncias también advierten sobre presuntas presiones a favor del candidato presidencial Iván Cepeda, respaldado por el Gobierno Nacional y las disidencias que actúan ilegalmente en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado judicialmente la existencia de una estructura electoral ilegal, pero indicaron que las denuncias están siendo verificadas mediante labores de inteligencia y presencia institucional en la región.

Violencia política aumenta la preocupación

La alerta ocurre en medio de un ambiente de creciente tensión en Meta y Guaviare, departamentos que recientemente fueron escenario de hechos violentos relacionados con la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, uno de los candidatos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

En los últimos días fueron asesinados dos integrantes vinculados a actividades políticas de esa campaña, entre ellos el exalcalde de Cubaral, Meta, Rogers Mauricio Devia Escobar, en hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

La situación ha incrementado las preocupaciones sobre la seguridad electoral en varias regiones del país donde existe presencia activa de grupos armados ilegales.

Mandos militares señalaron que las estructuras disidentes continúan ejerciendo control territorial en corredores estratégicos del oriente colombiano, aprovechando zonas de difícil acceso y economías ilícitas asociadas al narcotráfico.

Temor por expansión de prácticas ilegales

Las autoridades advirtieron que las denuncias registradas en Meta y Guaviare podrían no ser casos aislados. Según información recopilada por organismos de seguridad, prácticas similares de presión armada y control comunitario estarían ocurriendo en otras regiones del país con presencia de grupos ilegales.

El tema genera especial preocupación en medio del actual escenario electoral y de los debates alrededor de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional, lo que, según algunos, ha permitido acciones contra la guerrilla o ha dificultado la captura de alias Calarcá.

Sectores de oposición han cuestionado algunos beneficios otorgados a estructuras armadas dentro de los procesos de diálogo y cese al fuego, argumentando que ciertos grupos continúan ejerciendo control ilegal sobre comunidades rurales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades anunciaron un fortalecimiento de los operativos de seguridad y presencia institucional en las zonas afectadas para garantizar condiciones de tranquilidad y protección a la población civil durante el proceso electoral.

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