Contraloría General puso bajo la lupa cinco contratos de la DNI por más de $20.783 millones

La Contraloría General de la República tomó la decisión de poner bajo la lupa fiscal cinco contratos específicos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con lo que se sabe, esta acción de vigilancia y control, involucra recursos por un valor cercano a los $20.783 millones, y surgió ante la detección de presuntas fallas técnicas, posibles sobrecostos y la adquisición de equipos de alta tecnología que, según los reportes iniciales, no habrían entrado en operación efectiva para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.

El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, fue quien dispuso adelantar estas acciones de vigilancia y control fiscal sobre la entidad responsable de las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano. La decisión se produjo después de que Noticias Caracol revelara apartes de un informe de empalme de la propia entidad en el que se cuestionaban varias adquisiciones estratégicas realizadas en periodos recientes.

Es fundamental precisar que el control fiscal es la función mediante la cual la Contraloría verifica que los recursos públicos se gasten de manera correcta, eficiente y transparente, y que a diferencia de una investigación de carácter penal o disciplinario, su objetivo primordial es establecer si hubo un daño real al patrimonio del Estado y, de ser así, buscar que los responsables reparen económicamente el perjuicio causado al erario.

Dentro del paquete de contratos bajo sospecha, el de mayor valor correspondía a la compra de un helicóptero no tripulado, por un monto cercano a los $9.000 millones. Este equipo estaba destinado originalmente a captar imágenes y video para labores de inteligencia técnica.

La Contraloría examinará con especial detalle el siniestro que sufrió la aeronave en marzo de este año, así como el comportamiento técnico del equipo y la efectividad de las garantías contractuales pactadas. Según se sabe, el accidente de este helicóptero ocurrió el 15 de marzo y se ha detectado una alarmante disparidad en el aseguramiento: la aeronave estaba protegida por una póliza de apenas $900 millones, lo que representa solo el 10% de su valor de compra.

Además, se conoció que un informe técnico previo, fechado en agosto de 2025, ya habría advertido sobre problemas serios en los sistemas de comunicaciones, el suministro de combustible, la caja de cambios y el motor. En segundo lugar en la escala de costos figuró la adquisición de tres sistemas anti drones por un valor aproximado de $8.340 millones. En este caso particular, el ente de control verificará si los equipos se están utilizando efectivamente en la actualidad y si su compra respondió de manera adecuada a las necesidades técnicas y operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La revisión de la Contraloría incluirá además el contrato 043 de 2024, por un valor de $1.314 millones, destinado a la compra de 595 computadores. Sobre estos dispositivos pesan denuncias por presuntos defectos de calidad y fallas técnicas que habrían limitado su utilidad. Asimismo, se analiza el contrato 053 de 2022, por cerca de $580 millones, para un sistema de identificación biométrica que, según lo reportado en el proceso de empalme, nunca entró en funcionamiento operativo.

Finalmente, se indagará un contrato por unos $1.549 millones para dotar de mobiliario y equipos las instalaciones de la DNI en el municipio de Funza (Cundinamarca), proceso en el que se investigarán posibles sobrecostos en los elementos adquiridos. De manera adicional, la Contraloría verificará la ejecución y entrega de la versión 2 del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), cuyo valor total aún no ha sido precisado en el informe preliminar.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del organismo de control es el manejo del carácter reservado que suele rodear la información de inteligencia. El contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas sostuvo de manera enfática que "la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos".

Para sustentar su actuación, la Contraloría invocó el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. Según este mandato constitucional, la reserva legal no es oponible a los órganos de control fiscal cuando estos requieren información sensible para cumplir con su función de vigilar el uso de los dineros de los contribuyentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría está investigando a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)?

El organismo ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos que suman más de $20.783 millones debido a presuntas fallas técnicas, posibles sobrecostos y la compra de equipos que nunca entraron en operación, según informes internos de la propia entidad.

¿Cuáles son los contratos más costosos bajo la lupa del ente de control?

Los principales son la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, que sufrió un accidente en marzo de 2026 con un seguro insuficiente, y tres sistemas antidrones adquiridos por un valor de $8.340 millones cuya utilidad real está siendo verificada.

¿Qué otros equipos presentan irregularidades según la Contraloría?

Se investigan 595 computadores con presuntos defectos de calidad, un sistema de identificación biométrica que no funciona y posibles sobrecostos en el mobiliario para las instalaciones de la DNI ubicadas en Funza, Cundinamarca.