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A siete días de elecciones, Gobierno reanudó diálogos de paz en cárcel de Itagüí. Crece la polémica en Medellín

La decisión del Gobierno nacional de reactivar la mesa de diálogos con estructuras criminales en la cárcel La Paz de Itagüí volvió a encender el debate político y de seguridad en Antioquia. El anuncio, realizado por el alto comisionado para la Paz, Otti Patiño, se produjo a una semana de las elecciones presidenciales y generó fuertes críticas desde la Alcaldía de Medellín y sectores políticos que cuestionan los beneficios otorgados a cabecillas criminales recluidos en ese centro penitenciario.

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A siete días de elecciones, Gobierno reanudó diálogos de paz en cárcel de Itagüí. Crece la polémica en Medellín
Foto: Archivo

El Gobierno Nacional anunció reactivación de la mesa de diálogos y confirmó la reanudación de los procesos de paz que se desarrollan en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí con integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá y otras regiones del país. El anuncio fue realizado por el alto comisionado para la Paz, Otti Patiño, quien aseguró que, tras la suspensión temporal de la mesa, se logró estabilizar la situación al interior del centro penitenciario.

La mesa había sido suspendida semanas atrás luego de la controversia generada por una celebración de una megafiesta realizada dentro del penal, en la que participaron varios cabecillas de organizaciones criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad. Las imágenes conocidas públicamente desataron cuestionamientos sobre el control institucional dentro del establecimiento penitenciario y los presuntos privilegios otorgados a algunos internos.

Según el Gobierno, la decisión de retomar los acercamientos hace parte de la estrategia de paz total impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro, que busca establecer mecanismos de sometimiento y reducción de la violencia con distintos actores armados y estructuras criminales.

Críticas desde Medellín por el momento de la decisión

La reactivación de la mesa generó rechazo por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó que el anuncio se realizara a tan solo siete días de las elecciones presidenciales.

El mandatario distrital calificó la decisión como un acto inconveniente y reiteró sus críticas frente a la política de Paz Total del Gobierno Nacional. Gutiérrez ha sostenido en diferentes ocasiones que las estructuras criminales continúan teniendo capacidad de ordenar homicidios y ejercer control ilegal en algunos territorios, pese a los diálogos adelantados con el Ejecutivo.

El alcalde también cuestionó las afirmaciones del Gobierno sobre la reducción de algunos indicadores de criminalidad y aseguró que las organizaciones ilegales continúan operando mientras avanzan los acercamientos institucionales.

Las diferencias entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional sobre la estrategia de seguridad y negociación con grupos delincuenciales se han mantenido durante los últimos meses, especialmente alrededor de los procesos desarrollados en el Valle de Aburrá.

La polémica por la fiesta en la cárcel La Paz

La suspensión inicial de los diálogos se produjo tras las denuncias realizadas por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien divulgó imágenes y registros sobre una celebración realizada al interior de la cárcel La Paz de Itagüí.

De acuerdo con las denuncias, decenas de personas habrían ingresado al penal sin controles suficientes, mientras algunos espacios internos presentaban adecuaciones y comodidades que generaron preocupación sobre las condiciones de reclusión de los cabecillas criminales.

Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre el manejo del establecimiento penitenciario y el control ejercido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Tras la controversia, el Gobierno suspendió temporalmente la mesa de diálogo mientras se adelantaban revisiones sobre lo ocurrido dentro del centro penitenciario.

Debate sobre la política de Paz Total

La reanudación de los diálogos vuelve a poner en el centro del debate nacional la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno Petro, especialmente en relación con estructuras criminales urbanas.

Mientras sectores del Gobierno defienden la necesidad de mantener abiertos canales de diálogo para reducir la violencia y avanzar en procesos de sometimiento, desde distintos sectores políticos y autoridades regionales persisten cuestionamientos sobre los alcances, beneficios y resultados de estas negociaciones.

La discusión adquiere mayor relevancia en medio del ambiente electoral que vive el país y del debate sobre las políticas de seguridad y orden público que marcarán la agenda del próximo gobierno. Para algunas voces, sólo el hecho de reanudar los diálogos a una semana de elecciones, ya es sospechoso.

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