(OPINIÓN) Un nombramiento cuestionado. La salud pública en manos de la controversia. Por: José Ignacio Penagos H

El sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más sensibles de su historia reciente. Reformas en discusión, tensiones financieras y un clima de incertidumbre exigen, más que nunca, liderazgo técnico, experiencia comprobada y capacidad de gestión. En ese contexto, la llegada de Daniel Quintero a un escenario de dirección o control en el sector ha generado un amplio debate público, centrado no solo en su perfil profesional, sino en su trayectoria administrativa y política.

Quintero es ingeniero de sistemas, con experiencia en el ámbito tecnológico y en cargos relacionados con el sector TIC. Sin embargo, su hoja de vida no registra una trayectoria directa en la gestión de sistemas de salud, ni en regulación sanitaria, ni en administración hospitalaria. Para un sector que demanda conocimiento específico en aseguramiento, prestación de servicios, redes hospitalarias y políticas públicas en salud, este vacío ha sido señalado por diversos sectores como una debilidad estructural. El hecho de haber sido alcalde no le da las credenciales mínimas para enfrentar la responsabilidad de la Supersalud.

El cuestionamiento no se limita a la formación académica. Su paso por la Alcaldía de Medellín, uno de los cargos más relevantes que ha ocupado, sigue siendo objeto de controversia. Existen investigaciones en curso y procesos judiciales contra más de 45 exfuncionarios y contratistas de su administración, incluyéndolo a él mismo, tras haber sido imputado y objeto de más de un centenar de investigaciones que lo comprometen con corrupción y malos manejos. Esto es lo que ha alimentado críticas sobre su capacidad de liderazgo y control institucional. Aunque estos procesos deben resolverse en los escenarios judiciales correspondientes, el contexto genera dudas legítimas sobre la conveniencia de asignarle responsabilidades en un sector tan sensible.

Durante la pandemia de COVID-19, uno de los momentos más críticos para la salud pública en el país, Medellín estuvo bajo su administración. En ese periodo se anunciaron proyectos como la ampliación de la capacidad hospitalaria. Engañó a la ciudad y al país, inaugurando la famosa "cama mil" a la que nunca se llegó. Entre los escándalos se recuerda la adecuación de nuevos espacios para atención médica con la Clínica de la 80, en donde se invirtieron millonarios recursos que fueron en detrimento y de los que se sospecha fuga de recursos en esas remodelaciones. La clínica nunca entró en operación completa como se esperaba. Sin embargo, algunas de estas iniciativas han sido cuestionadas no solo por su ejecución y resultados, sino por las sombras de su propia administración, lo que ha dejado un balance debatido sobre su gestión en una crisis que exigía respuestas rápidas, técnicas y eficaces.

A esto se suma su relación con actores del sistema de salud en Medellín. Durante su administración, se presentaron tensiones con entidades prestadoras y aseguradoras, así como con instituciones públicas del sector. Quintero se fue contra Sura, la empresa de salud que operó a su hija, la misma que él hizo que fuera expuesta políticamente, utilizándola para fines políticos y calculados. Los críticos de su gestión han señalado decisiones que, en su momento, generaron fricciones con actores clave del sistema, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para articular consensos en un entorno que requiere coordinación permanente entre múltiples instituciones.

Otro punto de debate ha sido su relación con la institucionalidad hospitalaria. Algunas decisiones administrativas y contractuales durante su alcaldía han sido objeto de escrutinio público, especialmente en lo relacionado con el manejo de recursos y la operación de entidades de salud. En concreto, se habla del Hospital General de Medellín, uno de los que fue endosado a grupos de contratistas que terminó deteriorando su verdadera misión. En el mismo sentido están los manejos dados a los recursos para hospitales como el Concejo de Medellín y el Hospital Infantil.

La ciudad aún recuerda el deterioro que produjo en la red hospitalaria de Metrosalud, que vio cómo en su administración se cerraban centros y servicios esenciales. Si bien estos temas están siendo evaluados por los organismos competentes, su mención es recurrente en el análisis sobre su idoneidad para asumir nuevas responsabilidades en el sector.

Más allá de los casos específicos, el fondo del asunto es institucional. El sistema de salud no es un escenario para la improvisación. Requiere conocimiento técnico, experiencia en gestión pública y una comprensión profunda de sus dinámicas. La designación de perfiles sin trayectoria en el área puede debilitar la confianza ciudadana y enviar un mensaje equivocado sobre los criterios que priman en la toma de decisiones.

En un país donde millones de personas dependen del funcionamiento eficiente del sistema de salud, la discusión no puede reducirse a simpatías políticas. Se trata de garantizar que quienes lideren o regulen el sector cuenten con las competencias necesarias para hacerlo. La salud pública no admite margen de error, y las decisiones en este ámbito tienen consecuencias directas en la vida de los ciudadanos.

La controversia alrededor de Quintero también refleja un fenómeno más amplio en la política colombiana: la tendencia a priorizar afinidades políticas sobre criterios técnicos. Este enfoque, que se repite en distintos sectores, termina debilitando las instituciones y generando desconfianza en la ciudadanía. Cuando la idoneidad pasa a un segundo plano, el costo lo asume el país en su conjunto.

En este escenario, el reto para el Gobierno no es menor. Debe demostrar que las decisiones en materia de salud están guiadas por el interés público y no por cálculos políticos. La transparencia en los nombramientos, la claridad en los criterios de selección y la rendición de cuentas serán fundamentales para recuperar la confianza. En este sentido, se debe revisar no solo la capacidad técnica de Quintero, sino las críticas que tiene dentro del propio Gobierno, como en el caso de Carlos Carrillo, director de UNGRD, quien advierte del grave daño al gobierno y al sistema de salud. Razón tiene el funcionario al señalar que a "Quintero no lo quieren en ninguna parte"

El caso de Daniel Quintero pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué perfil necesita Colombia para enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud? La respuesta parece evidente. Necesita experiencia, conocimiento técnico y capacidad de gestión. Cualquier desviación de estos criterios abre la puerta a riesgos innecesarios en un sector que no puede darse ese lujo. Cualquier otra visión solo muestra el nivel de irresponsabilidad de este gobierno y lo poco que le importa al presidente Petro la salud de los colombianos.

En definitiva, más allá del nombre propio, el debate es sobre el modelo de gobernanza. La salud pública exige rigor, no improvisación. Y en momentos de crisis, la diferencia entre una buena y una mala decisión puede medirse en vidas.