(ESPECIAL) Inseguridad urbana en Colombia. Cinco ciudades enfrentan un aumento sostenido del crimen

La situación de seguridad en varias de las principales ciudades de Colombia atraviesa un momento crítico. Bogotá, Barranquilla, Soledad, Riohacha y Cali presentan un aumento sostenido de delitos que impactan de forma directa la vida cotidiana de sus habitantes. Robos a cualquier hora del día, acciones sicariales recurrentes, extorsiones sistemáticas y balaceras en zonas urbanas hacen parte del panorama que describen autoridades y ciudadanos.

En estos territorios, la criminalidad ha dejado de concentrarse en horarios específicos o zonas delimitadas. Los hechos ocurren tanto en horas de la mañana como en la noche, en espacios públicos, transporte masivo, establecimientos comerciales e incluso en viviendas particulares. La percepción de inseguridad se ha incrementado en paralelo con la frecuencia de los delitos.

Delitos a plena luz del día y sin contención efectiva

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es la pérdida del temor por parte de los delincuentes. Las acciones criminales se ejecutan en espacios vigilados por cámaras de seguridad y en zonas de alta circulación de personas. Este fenómeno ha sido interpretado como un reflejo de la baja capacidad de disuasión del sistema judicial y policial: ya no temen quedar grabados y ser fácilmente identificados. Saben que, si son capturados, pueden quedar libres en 72 horas gracias a los jueces.

De acuerdo con reportes recogidos en varias ciudades, los responsables de delitos como hurto o extorsión son capturados en algunos casos, pero recuperan la libertad en tiempos reducidos. Esta situación ha sido señalada por autoridades locales como un factor que incide en la reincidencia delictiva y en la baja moral de los policías, quienes arriesgan su vida para capturar a los delincuentes de manera reiterada. Entretanto, las víctimas ya temen denunciar, pues los delincuentes capturados, una vez liberados, vuelven a cobrar venganza contra quienes los denunciaron.

Las motocicletas se han consolidado como el principal medio de transporte para la comisión de delitos. Su facilidad de desplazamiento y evasión las convierte en el vehículo preferido para modalidades como el fleteo, el marcaje y la huida tras la ejecución de los hechos.

Barranquilla y su área metropolitana bajo presión

En Barranquilla, Soledad y Malambo, el incremento de la extorsión ha generado afectaciones directas sobre la actividad económica. Comerciantes han reportado dificultades para operar con normalidad debido a las amenazas de grupos criminales que exigen pagos periódicos, conocidos como “vacunas”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha advertido públicamente sobre la gravedad de la situación, señalando que las amenazas incluso han alcanzado a instituciones educativas. En algunos casos, colegios han suspendido clases como medida preventiva ante posibles riesgos para estudiantes y docentes que son amenazados con panfletos.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la capacidad operativa se ha visto desbordada frente al volumen de denuncias y hechos delictivos. En la ciudad de Barranquilla, se han identificado horarios y zonas de mayor incidencia criminal mediante herramientas de georreferenciación, pero estos análisis aún no se traducen en una contención efectiva del fenómeno.

Bogotá. Convergencia de estructuras criminales

En la capital del país, el panorama de seguridad está marcado por la presencia de múltiples organizaciones delictivas. Bandas locales operan en conjunto o en competencia con estructuras provenientes de otras ciudades como Medellín y Cali, así como con grupos que tienen origen en Venezuela.

La Alcaldía hace esfuerzos importantes para dar captura a los delincuentes, con la frustración de que el Gobierno Nacional deja libres a los cabecillas al levantarles las órdenes de captura. Esa fue una de las más preocupantes denuncias del alcalde Carlos Fernando Galán, cuando se trataba de desmontar la banda de Los Pachelly, de origen en Bello, Antioquia, pero que tiene azotada a la capital.

Esta convergencia ha generado un escenario complejo para las autoridades, que deben enfrentar redes criminales con diferentes niveles de organización y capacidad operativa. Los delitos incluyen hurto a personas, robo de vehículos, asaltos en transporte público y extorsiones a comerciantes.

Las imágenes recientes de robos en las calles, en las estaciones de Transmilenio, en los buses, los enfrentamientos y balaceras a comerciantes extorsionados, y el más reciente asalto a transportadores de valores en un establecimiento comercial, que se han difundido ampliamente en redes sociales, reflejan la magnitud del problema y la exposición de sectores económicos a este tipo de delitos.

Cali y el papel de estructuras ligadas a grupos armados

En Cali, las autoridades han identificado a grupos urbanos como responsables de delitos como extorsión y secuestro, que buscan sus víctimas y las venden. Estas estructuras estarían vinculadas a organizaciones armadas ilegales, particularmente a disidencias de grupos guerrilleros que operan en la región

La dinámica delictiva en la ciudad combina acciones de crimen organizado con actividades de control territorial, lo que dificulta las labores de intervención por parte de la fuerza pública. La presencia de estos grupos también ha sido asociada con el aumento de la violencia en determinadas zonas urbanas.

En Cali, se ha detectado que gran cantidad de grupos en las calles obedecen órdenes desde las cárceles, en donde se encuentran gran parte de los cabecillas, que heredaron territorios y negocios desde tiempos del narcotráfico de los carteles, hoy atomizado en pequeñas células que dominan territorios específicos y corredores.

A esto se suman las mafias y grupos de contrabando que se extienden desde Buenaventura, y que tienen en Cali sus oficinas, a fin de poder pasar inadvertidos en una ciudad grande. Estos grupos de contrabando se asocian con estructuras de narcotráfico, pues, según las autoridades, con quienes saben mover la mercancía y embarcarla.

Riohacha y la influencia de grupos armados ilegales

En La Guajira, y particularmente en Riohacha, la situación de seguridad está influenciada por la presencia de múltiples grupos armados ilegales. Estos actores operan con el apoyo de estructuras como el ELN y redes criminales locales de mafias familiares, cuyos nombres se repiten en las calles en secreto, pero que todos reconocen y nadie dice saber, lo que incrementa la complejidad del escenario.

En los últimos días, la ciudad ha experimentado situaciones de alta tensión, como la paralización de actividades debido a paros armados. El más reciente está activo y lleva dos días. El comercio no abre puertas y los ciudadanos comienzan a sentir las consecuencias del desabastecimiento. Las imágenes de calles vacías han circulado ampliamente, evidenciando el impacto de estas acciones sobre la vida cotidiana de la población. El paro armado, es una orden de los grupos ilegales, que las autoridades no han podido conjurar. No

Debilidades en el control y seguimiento a delincuentes

Otro factor que ha sido señalado por autoridades y analistas es la flexibilidad en las medidas de control a personas vinculadas a procesos judiciales. El uso de detención domiciliaria y dispositivos electrónicos de seguimiento ha presentado vulnerabilidades que han sido aprovechadas por algunos delincuentes.

Se han documentado casos en los que los dispositivos de monitoreo son bloqueados mediante el uso de materiales como papel aluminio o incluso retirados para ser colocados en animales, lo que dificulta su rastreo. Estas prácticas han generado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control.

Reacciones desde las ciudades y solicitudes al Gobierno Nacional

Frente a este panorama, los alcaldes de varias ciudades han elevado solicitudes al Gobierno Nacional para el envío de refuerzos policiales y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad. Las autoridades locales han insistido en la necesidad de una intervención coordinada que permita enfrentar el incremento de la criminalidad.

La situación también ha sido incorporada en el debate político nacional. Algunos candidatos presidenciales han planteado propuestas para abordar el problema. Entre ellas, se incluyen el uso de las Fuerzas Militares en tareas de seguridad urbana y el fortalecimiento de políticas de seguridad.

Medellín: acciones focalizadas y resultados operativos

En contraste con otras ciudades, Medellín presenta un escenario en el que, aunque existen problemas de seguridad, las autoridades reportan avances en acciones operativas. El alcalde Federico Gutiérrez informó recientemente sobre la captura de individuos vinculados a la fabricación ilegal de armas y al uso de drones para coordinar actividades delictivas.

Las autoridades locales han señalado que cuentan con información sobre la estructura y funcionamiento de las redes criminales que operan en la ciudad, lo que ha permitido desarrollar intervenciones específicas. Sin embargo, también han hecho públicas denuncias sobre posibles relaciones entre actores criminales y decisiones del orden nacional. No en vano, ha sido desde Medellín donde concejales como Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón, Alejandro de Bedout y Andrés Rodríguez han destapado los escándalos y le han puesto cara de frente a la delincuencia en la ciudad.

En este sentido, desde hace meses se adelanta la construcción de un espacio denominado el "Pentágono de Medellín", basado en lo que denominan el C5i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación), un avanzado centro de inteligencia y seguridad que actualmente se encuentra en construcción en el barrio Sagrado Corazón en pleno centro de la ciudad y que se espera que esté operativo en el primer semestre de 2027.

Este será un centro donde convergen todas las líneas de inteligencia, seguridad y control que activará las más de 5 mil cámaras de reconocimiento con inteligencia artificial, donde además se coordinarán las acciones operativas en terreno. A este centro se conectarán voluntariamente las miles de cámaras de centros comerciales, negocios, unidades residenciales y de vehículos que compartan su señal, para hacer un sistema integrado de lucha contra el crimen.

Capacidad institucional y desafíos del sistema

El volumen de delitos registrados en estas ciudades ha superado, en algunos casos, la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Policía a través de Sijín, Dijín, Gaula, al igual que el Gaula del Ejército, el CTI de la Fiscalía y fiscales comprometidos y jueces; enfrentan una carga operativa desbordada que dificulta la atención oportuna de todos los casos. No obstante, hacen lo que pueden en medio de un sistema judicial que requiere de reformas que permitan la celeridad y efectividad del accionar.

Este contexto plantea desafíos estructurales para el sistema, que debe responder tanto a la prevención del delito como a la judicialización de los responsables. La coordinación entre entidades y el fortalecimiento de capacidades se presentan como elementos clave para enfrentar la situación.

El sistema, por demás, está fracturado en algunos puntos en donde no parece existir sincronía entre el objetivo y el resultado. Los esfuerzos y costos en los que incurre el Estado para capturar a los delincuentes se desvanecen cuando, en alguna parte, el eslabón no actúa en consecuencia. Es la queja de los comandantes de policía que capturan, pero los jueces los sueltan, o cuando los jueces reclaman porque los fiscales no acusan a tiempo o no proceden de acuerdo al procedimiento, o cuando la policía captura por fuera de las normas legales garantistas para los delincuentes.

Un país en alerta por la seguridad urbana

La convergencia de estos factores ha llevado a que amplias zonas urbanas del país se mantengan en estado de alerta. La percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para la ciudadanía, con impacto directo en la vida económica y social.

Mientras continúan las denuncias, las capturas y las investigaciones, el país enfrenta el reto de contener una dinámica criminal que se ha expandido en varias regiones de manera simultánea. Entre tanto, el Gobierno Nacional ha dejado de lado la prioridad y no trabaja consecuentemente con las autoridades locales, como lo denuncian alcaldes y gobernadores.