A mediados del año 2021 fue creada, por parte de mandados del Alcalde y con lo que serían recursos públicos, la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN PRO-MEDELLÍN, de inmediato, como borregos, los funcionarios de Quintero Calle hacían eco de dicho lanzamiento tratando infructuosamente de opacar, sin éxito a Proantioquia.
Por mucho que el Alcalde Daniel Quintero quiso desmarcarse de la Fundación, todo fue imposible, pues fueron muchas las evidencias que demostraron su vinculación a la misma desde la iniciativa, la motivación para hacerle la contra a ProAntiquia, su presencia protagónica en el lanzamiento. En todo, hasta en los delegados iniciales, quedó claro que esta era una Fundación más del alcalde con oscuros propósitos.
A partir de ese momento la fundación no fue exenta de escándalos, pues la misma no solo fue constituida por una serie de contratistas, sino que además, miembros de sus órganos administrativos también eran contratistas de la Alcaldía y además se haría usurpando la marca.
Desde ese momento, según fuentes cercanas a IFMNOTICIAS.COM, se empezó a desarrollar una estrategia para procurar la vinculación a la entidad de asociados mediante cobros de cuotas de afiliación exageradas, esto como prerrequisito para acceder a la contratación municipal, según se denunció en su momento; estrategia que fue rechazada por gran parte del empresariado antioqueño lo que condujo a que la entidad tuviese cada vez menos adeptos, lo que se vio reflejado en su pobre resultado en el ejercicio 2021.
Según se refleja en los registros públicos, durante el año gravable 2021, la Fundación Pro-Medellín, recibió ingresos por poco menos de $266 millones de pesos y unos gastos operacionales de 346 millones de pesos, una cifra alta en gastos considerando que, como se observa, solo cuenta con 2 empleados.
Para cubrir esos gastos la Fundación tuvo que recurrir a un endeudamiento que a su vez lo dejó con un patrimonio negativo, pues solo posee poco más de 7 millones de pesos de activos.
Dentro de las gestiones administrativas fracasadas por parte de Pro-Medellín se encuentra el intento de registro de la marca Promedellín, la cual ya se encontraba en cabeza de un titular, lo que extrañamente no fue evidenciado por sus asesores legales en su momento, y tras una batalla legal, no les fue concedida la marca, lo que significa que hacer uso de la misma se consideraría usurpación marcaria.
El delito en que podría incurrir Diego Orlando Romero, quien funge como representante de la Fundación promovida por el Alcalde Quintero Calle, es el de Usurpación de Marcas y patentes, definido por el Código Penal en su artículo Artículo 306 así:
«El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.«
Entre la imposibilidad de ejercer bajo una marca usurpada, la inviabilidad financiera de la entidad y el excesivo gasto en tan solo 6 meses de operación, según las fuentes, es en realidad el resultado una vez más, de una ESAL que «ha sido usada para desviar recursos de la alcaldía municipal, de la mano de uno de los aliados de Daniel Quintero Calle, el señor Diego Orlando Romero Vélez, el fantasma».
