El pasado 13 de octubre, de nuevo, quedó en la mira de la ciudadanía la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR), que presta el servicio de acueducto, alcantarillado, alumbrado público y servicios de saneamiento a través de una empresa privada. Sin embargo, paso de tener un interventor particular a que EPM se hiciera cargo de la compañía.
Inicialmente se había dicho que Empresas Públicas de Medellín solo haría un informe sobre el estado de ESSMAR y que dicho trabajo tomaría tres meses, es decir que sería entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos en enero y de ahí saldría al determinación de rescatar o liquidar la empresa.
Sin embargo, en la práctica, EPM está encargada de la operación de ESSMAR con todos los pros y los contra que esto pueda traer, además del costo financiero que conlleva, para una empresa como EPM, hacerse cargo de ESSMAR que nació casi que para cumplir con los intereses politiqueros del clan de Carlos Caicedo, actual gobernador de Magdalena.
Según fuentes confidenciales consultadas por IFMNOTICIAS.COM, los empleados de EPM que se encuentran al frente de ESSMAR, consideran que más que un buen negocio es en realidad una carga para la empresa medellinense, con la que el gobierno nacional pretende resolver el problema de agua en Santa Marta. ¿Será este otro encarte a cambio de favores políticos, como sucedió con el acueducto en Quibdó o la prestación de servicio de energía en la costa con Afinia?
¿Por qué la Superservicios intervino ESSMAR?
Hay que recordar que en noviembre del 2021, la Superintendencia de Servicios tomó la determinación de intervenir ESSMAR, dando respuesta a una serie de quejas que venían acumulándose en la entidad, todas en dos líneas muy claras. La primera sobre la calidad del servicio y la segunda relacionada con la estabilidad financiera de la empresa.
Con respecto a la primera línea de las quejas, el servicio de agua en Santa Marta no tiene cobertura del 100 % ni tampoco continuidad en la prestación y este es un tema que poco dimensionan los habitantes de ciudades como Bogotá o Medellín que gozan de un buen servicio de agua.
Para ser más claros, el agua en Santa Marta, en términos reales, no es potable, se puede utilizar para los baños, lavado de ropa, procesos de cocción, pero no para abrir la llave, servirse un vaso con agua y tomarlo sin hacerle ningún proceso doméstico. Quienes visitan la ciudad evidencian que en el baño y en la ducha, luego de usarlos, queda arenilla, como si la persona hubiese llegado de la playa y se quitara los restos de arena.
Por otro lado, tampoco hay una continuidad en el servicio. En algunos lugares de la ciudad y en distintas épocas del año solo hay agua en las unidades habitacionales que tienen acueducto durante algunas horas del día. Esto conlleva a que los samarios deban pagar, además del recibo de ESSMAR, un botellón de agua para el consumo o valerse de cualquier otra forma para acceder al vital líquido en condiciones más o menos aceptables, como carrotanques.
Además de estos problemas en la prestación de servicio, que en próximas notas IFMNOTICIAS.COM ahondará, había una serie de denuncias sobre la estabilidad financiera de la empresa que presenta saldos en rojo, lo que levantó todas las alertas por cuanto se puede poner en riesgo la prestación del servicio y la cobertura.
Así nació ESSMAR
En 2016, en Santa Marta existía ESPA que, se supone, prestaba los servicios públicos en la capital del Magdalena y subcontrataba con otras empresas. En el caso del acueducto, estaba en manos de Metroagua, una empresa privada que más o menos cumplía.
Sin embargo, el entonces alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, ficha del actual gobernador Carlos Caicedo, decidió convertir ESPA en una empresa similar a EPM, y pasó a llamarse ESSMAR. Así le quitaron la prestación del servicio de agua a Metroagua para que la nueva empresa asumiera ese servicio, con la misión de mejorarlo y que le llegara a los samarios agua de buena calidad.
Cuando esto sucedió, ni Metroagua ni ESPA tenían los problemas financieros que ahora tiene ESSMAR, lo que demuestra que convirtieron la empresa en el fortín político de Fuerza Ciudadana, movimiento político de Carlos Caicedo, Rafael Martínez y de la actual alcaldesa Virna Johnson.
Con el nacimiento de ESSMAR, la burocracia de la compañía se triplicó y los gerentes fueron parte de las promesas y acuerdos, al punto que la última dirigente que estuvo a cargo de la empresa de servicios públicos, antes de ser intervenida por la Superservicios, fue nada más y nada menos que Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, y el servicio de agua no mejoró ni tenía perspectivas de un futuro alagüeño.
Así llega EPM a la intervenida ESSMAR
Al momento en que la Supersevicios interviene a ESSMAR, nombra a Yahaira Díaz al frente de la empresa y luego de 11 meses, Díaz informa a la Superintendencia que la empresa es insalvable y que en realidad se debe proceder a su liquidación definitiva, además de buscar alguna compañía que se ponga al frente de los servicios.
Ante esto, la Superintendencia considera la petición y al realizar el seguimiento correspondiente, encuentra que no se han cumplido a cabalidad los objetivos de la intervención y busca una empresa con conocimiento y capacidad para que haga un estudio sobre el estado financiero y de prestación de servicios. Es así como se escoge a EPM para dicha misión.
Sin embargo, parece evidente que en este punto también hay cálculos políticos. Por un lado el gobierno nacional estaría planteando la posibilidad para que EPM se quede con ESSMAR y de esa manera quitarse la presión ciudadana sobre esta intervención y el futuro de la prestación de servicios en la capital del Magdalena.
Por otro lado, la aceptación de Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, estaría asociada a la posibilidad de que su movimiento “Independientes” logre hacerse a la alcaldía de Santa Marta y así demostrarle al gobierno de Gustavo Petro que Quintero sería merecedor de la bendición del jefe de la Colombia Humana para sucederlo en la presidencia.
Es así como una empresa que debería estar al servicio de la ciudadanía, buscando mecanismos para mejorar la calidad y la cobertura del acueducto, ha estado al servicio de intereses políticos de clanes de la región, al punto que a tan solo seis años de su nacimiento está muy cerca de que se le de “cristiana sepultura”.
