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Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones formuló cargos contra cinco operadores por señal en cárceles

El MinTIC formuló cargos contra Starlink, Claro, Movistar, Tigo y WOM por presuntas fallas en el bloqueo de señales en centros penitenciarios, lo que podría derivar en multas de hasta 15.000 salarios mínimos.

IFM Noticias
Redacción
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Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones formuló cargos contra cinco operadores por señal en cárceles
Imagen: IFMERAImagen procesada con IA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) inició formalmente investigaciones administrativas y procedió con la formulación de cargos contra la empresa Starlink Colombia y los operadores de telefonía móvil Claro, Movistar, Tigo y WOM. La medida responde a la presunta omisión en la restricción de señales de comunicaciones dentro de diversos establecimientos penitenciarios del país, una obligación legal orientada a prevenir la comisión de delitos desde el interior de los centros de reclusión.

De acuerdo con la autoridad rectora de las comunicaciones en Colombia, las compañías prestadoras de servicios podrían enfrentar severas consecuencias legales en caso de hallarse responsables de estas fallas. Las sanciones contempladas en el marco normativo vigente incluyen multas económicas que alcanzan los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la suspensión temporal de sus operaciones en el territorio nacional o, en el escenario más crítico, la cancelación definitiva de sus licencias y permisos de funcionamiento.

Las empresas investigadas

El primer expediente administrativo se dirige específicamente contra Starlink Colombia S.A.S., filial del servicio de internet satelital de alta velocidad. La investigación busca determinar por qué la compañía no realizó la atenuación de las señales que cubren los centros de reclusión, permitiendo presuntamente que su tecnología fuera utilizada para comunicaciones no autorizadas. El MinTIC evalúa si la empresa adoptó o no las medidas técnicas que exige la legislación colombiana para blindar los perímetros carcelarios de la conectividad satelital.

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De manera simultánea, el Ministerio abrió otros cuatro expedientes que involucran a los principales actores del mercado móvil en el país: Comunicación Celular S.A. (Comcel, que opera bajo la marca Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM). En estos casos particulares, el reproche de la autoridad se concentra en la falta de eliminación o restricción efectiva de la señal de telefonía móvil en el complejo carcelario La Picota, ubicado en el sur de Bogotá, donde se detectó actividad persistente de redes celulares.

Marco legal y procedimiento sancionatorio

El sustento jurídico que rige estas actuaciones se encuentra consignado en el artículo 16A del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), el cual fue incorporado mediante la Ley 1709 de 2014. Esta normativa establece una obligación clara e ineludible para todos los proveedores de redes y servicios de comunicaciones: deben garantizar la atenuación o el bloqueo total de la señal sobre las infraestructuras carcelarias, de tal forma que los servicios de voz y datos no puedan ser empleados por la población privada de la libertad.

La etapa de formulación de cargos representa el inicio formal del procedimiento administrativo sancionatorio. En este punto, el MinTIC comunica de manera oficial a las empresas los incumplimientos técnicos y legales que se les atribuyen tras las inspecciones realizadas. A partir de esta notificación, las compañías cuentan con las garantías procesales para presentar sus respectivos descargos y aportar las pruebas que consideren necesarias en ejercicio de su derecho a la defensa. Una vez agotada esta fase, el Ministerio determinará si procede la imposición de multas, que como se mencionó, pueden llegar a cifras millonarias, o si se aplican medidas administrativas sobre las licencias de espectro y operación. Hasta el momento, los reportes oficiales no han precisado los plazos exactos con los que cuentan las organizaciones para dar respuesta a estos requerimientos.

Hallazgos en el operativo de La Picota

El origen de estas investigaciones se remonta a un operativo de control e inspección realizado por las autoridades en 19 pabellones del centro penitenciario La Picota. Durante las diligencias, la fuerza pública y los organismos de control hallaron un volumen considerable de elementos de comunicación prohibidos: 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y, de manera inédita, seis antenas de recepción satelital pertenecientes a Starlink.

Tras estos hallazgos, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), dependiente del MinTIC, realizó un seguimiento técnico detallado. Las labores de inteligencia tecnológica permitieron detectar conexiones a internet no autorizadas a través de redes Wi-Fi de Starlink en cuatro centros de reclusión estratégicos: La Picota en la capital de la República; Bellavista, situada en el municipio de Bello (Antioquia); la cárcel de Acacías en el departamento del Meta, y el centro penitenciario Las Heliconias, en Florencia (Caquetá).

Instrucciones de la presidencia y responsabilidades

El Presidente de la República se manifestó sobre el particular de manera contundente. "¡No más señal para los delincuentes desde las cárceles!", expresó el mandatario, quien confirmó haber impartido instrucciones precisas para que se utilicen "todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias" con el fin de neutralizar las comunicaciones ilegales. El jefe de Estado enfatizó que toda tarjeta SIM que sea detectada en uso ilícito dentro de una prisión debe ser desactivada de inmediato y cualquier conexión satelital que no cuente con autorización debe ser restringida por los operadores.

Por su parte, De la Espriella señaló que la responsabilidad en el control de estas señales es una tarea compartida que involucra a los operadores privados, al MinTIC, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Ministerio de Justicia y a la Fuerza Pública. El funcionario advirtió que "quien incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley", subrayando que la finalidad de los centros de reclusión es el cumplimiento de las condenas y no el funcionamiento de centros de mando para dirigir actividades criminales.

Contexto de la seguridad penitenciaria

Este anuncio de cargos ocurre en un momento crítico para el sistema carcelario. Un informe reciente del Ministerio de Justicia reveló que la infraestructura tecnológica de bloqueo es insuficiente: de los 16 inhibidores de señal instalados en las cárceles de todo el país, solo cuatro se encuentran operativos actualmente. Además, se conoció que desde el año 2012 no se ha formalizado un contrato integral para el mantenimiento de los equipos electrónicos de seguridad en los penales.

Cifras oficiales indican que en los primeros 100 días de la actual administración se han ejecutado más de 5.000 operativos en los centros de reclusión, logrando la incautación de 7.252 teléfonos móviles y 10.362 tarjetas SIM, sumado al traslado de 2.568 internos para desarticular bandas. La extorsión coordinada desde las prisiones continúa siendo uno de los delitos de mayor impacto que las autoridades buscan mitigar mediante el control estricto de las telecomunicaciones. Hasta la fecha, ninguna de las cinco empresas objeto de la investigación ha emitido un pronunciamiento público oficial respecto a los cargos formulados por el Gobierno Nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el MinTIC formuló cargos contra los operadores de telefonía e internet?

El ministerio investiga a Starlink, Claro, Movistar, Tigo y WOM por presuntas fallas en el bloqueo y restricción de señales de comunicaciones dentro de varios centros penitenciarios del país.

¿Qué hallazgos motivaron estas investigaciones administrativas?

Durante operativos en la cárcel La Picota y otros centros, las autoridades incautaron 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y seis antenas satelitales de Starlink que permitían conexiones no autorizadas.

¿A qué sanciones se enfrentan las empresas si son halladas responsables?

Las compañías podrían recibir multas de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales, la suspensión temporal de sus operaciones o incluso la cancelación definitiva de sus licencias de funcionamiento.

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