UE puso en marcha nuevas reglas migratorias con controles fronterizos

El nuevo marco normativo incorpora controles más estrictos en las fronteras, procedimientos acelerados para resolver solicitudes de asilo y un sistema obligatorio de cooperación entre los Estados miembros. La entrada en vigor de estas disposiciones también ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles impactos en las garantías de quienes buscan protección internacional.

La Unión Europea activó este 12 de junio una de las transformaciones más amplias de su política migratoria de los últimos años con la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración, un conjunto de reglamentos diseñados para establecer un sistema común de gestión migratoria en todo el bloque comunitario.

La implementación llega tras un periodo de transición de doce meses durante el cual los países miembros adecuaron sus sistemas administrativos, jurídicos y tecnológicos para aplicar las nuevas disposiciones. Desde este viernes, las normas tienen carácter obligatorio y deben ser aplicadas de manera uniforme por los Estados integrantes de la Unión Europea.

Uno de los principales cambios se encuentra en los controles fronterizos. Las autoridades deberán identificar y registrar en un plazo máximo de siete días a cualquier persona que ingrese de forma irregular al territorio comunitario. Este procedimiento incluye la recopilación de información biométrica y el fortalecimiento del sistema Eurodac, la base de datos europea utilizada para gestionar información relacionada con migración y asilo.

Dentro de las modificaciones aprobadas se encuentra la ampliación de los datos recopilados por las autoridades, incluyendo imágenes faciales además de huellas dactilares. También se redujo la edad mínima para el registro biométrico, que pasa de 14 a 6 años.

Otro de los ejes del pacto es la aceleración de los procedimientos de asilo. Bajo las nuevas reglas, algunas solicitudes podrán resolverse mediante un procedimiento fronterizo de hasta doce semanas. Durante ese periodo se evaluará la petición de protección internacional y, en caso de una decisión negativa, se iniciará el proceso de retorno correspondiente.

Este mecanismo será aplicado especialmente a personas consideradas un riesgo para la seguridad o procedentes de países cuyas solicitudes de asilo presentan tasas de reconocimiento inferiores al 20% dentro de la Unión Europea. Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor del pacto continuarán tramitándose bajo las normas anteriores, mientras que quienes ingresen a partir del 12 de junio serán sometidos a los nuevos procedimientos.

La reforma también incorpora un sistema de solidaridad obligatoria entre los países miembros. El objetivo es distribuir la presión migratoria que actualmente enfrentan principalmente Estados como España, Italia, Grecia y Chipre. Bajo este esquema, los países deberán contribuir mediante la reubicación de migrantes, apoyo operativo o aportes financieros equivalentes a 20.000 euros por cada persona que les correspondería recibir.

La contribución de cada Estado estará determinada por factores como el tamaño de su población y el producto interno bruto. Durante la primera fase de implementación, algunos países optaron por aportar recursos económicos mientras otros participarán mediante mecanismos de acogida o asistencia operativa.

El pacto también contempla un Reglamento de Crisis que podrá activarse cuando un Estado afronte llegadas masivas de migrantes que superen su capacidad de respuesta. En esos casos, se permitirá ampliar algunos plazos administrativos y activar mecanismos de solidaridad reforzada entre los socios comunitarios.

Asimismo, se incorpora el concepto de “instrumentalización” de la migración, aplicable cuando la Unión Europea considere que un tercer país utiliza los flujos migratorios como mecanismo de presión política o geopolítica. Bajo ese escenario, las autoridades podrán aplicar controles fronterizos más estrictos y procedimientos específicos para quienes ingresen por esas rutas.

La entrada en vigor de estas medidas ha generado reacciones entre organizaciones internacionales. Entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han manifestado preocupaciones sobre los procedimientos acelerados y el aumento de los mecanismos de retención en frontera.

Las organizaciones han señalado que los tiempos reducidos podrían dificultar el acceso a asesoría jurídica, la recopilación de pruebas y la preparación adecuada de las solicitudes de asilo. También han expresado inquietudes sobre la ampliación de los registros biométricos para menores de edad y sobre la posibilidad de que algunas personas permanezcan retenidas durante periodos prolongados mientras se resuelven sus casos.

Con la entrada en vigor del nuevo pacto, la Unión Europea inicia una nueva etapa en la gestión de la migración y el asilo, bajo un modelo que combina mayores controles fronterizos, procedimientos más rápidos y mecanismos obligatorios de cooperación entre los países del bloque.

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