Perú definió oficialmente la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El Jurado Nacional de Elecciones oficializó los resultados de los comicios generales en Perú y confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la Presidencia el próximo 7 de junio. La elección llega en medio de un ambiente de fragmentación política, cuestionamientos al sistema electoral y una década marcada por la inestabilidad institucional.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente este domingo a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, como los dos aspirantes que competirán en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio.
La ceremonia fue encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, quien certificó los resultados definitivos de las elecciones generales celebradas el pasado 12 de abril. Con ello quedó formalizada la contienda que definirá al mandatario o mandataria que gobernará el país entre 2026 y 2031.
De acuerdo con el escrutinio final realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,19 % del total. En segundo lugar quedó Roberto Sánchez con 2.015.114 sufragios, correspondientes al 12,03 %.
La disputa por el segundo cupo fue una de las más ajustadas del proceso electoral. El ultraderechista Rafael López Aliaga terminó en el tercer puesto con 1.993.905 votos, equivalentes al 11,91 %, quedando fuera del balotaje por una diferencia mínima frente a Sánchez.
Un escenario político marcado por la polarización
La segunda vuelta revive una confrontación política similar a la registrada en las elecciones de 2021. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, volverá a disputar el poder tras haber perdido las tres elecciones presidenciales anteriores.
Por su parte, Roberto Sánchez representa políticamente al sector cercano al expresidente Pedro Castillo, quien permanece encarcelado tras la crisis institucional de 2022. La candidatura de Sánchez ha sido respaldada por sectores de izquierda y movimientos sociales vinculados al exmandatario.
El proceso electoral peruano se desarrolló en un contexto de profundo desgaste ciudadano frente a la clase política tradicional. La elección reunió a 35 candidatos presidenciales, convirtiéndose en la contienda más fragmentada y multitudinaria en la historia reciente del país.
Ese escenario también se reflejó en el alto porcentaje de votos blancos y nulos, que alcanzaron el 16,84 % del total, con más de 3,4 millones de sufragios. La cifra superó incluso la votación individual obtenida por cualquiera de los candidatos participantes.
Demoras, reclamos y revisión de actas
La proclamación oficial de resultados ocurrió 33 días después de las elecciones debido al extenso proceso de revisión de actas observadas e impugnadas.
Durante las últimas semanas, los 60 jurados electorales especiales instalados en todo el país analizaron más de 5.000 actas cuestionadas por inconsistencias en el conteo o en el diligenciamiento de formularios electorales. Según el JNE, en total fueron revisadas más de 60.000 actas con observaciones.
Las demoras en la instalación de mesas de votación, especialmente en Lima y en ciudades de Estados Unidos donde reside una importante comunidad peruana, generaron críticas y denuncias por parte de Rafael López Aliaga, quien aseguró, sin presentar pruebas concluyentes, que existió fraude electoral en su contra.
El excandidato solicitó una auditoría y la convocatoria de elecciones complementarias, peticiones que finalmente fueron rechazadas por las autoridades electorales.
Perú busca estabilidad tras años de crisis
La elección presidencial se produce en un momento de alta tensión política e institucional para Perú. En la última década, el país ha tenido ocho presidentes debido a renuncias, destituciones y crisis de gobernabilidad.
La próxima segunda vuelta será determinante para definir el rumbo político de una nación que busca recuperar estabilidad institucional y confianza ciudadana en medio de una persistente polarización.
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