ONU, Polonia y la UE exigieron a Ecuador esclarecer el asesinato de la activista Monika Silva

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que la autopsia practicada al cuerpo de la investigadora concluyera que se trató de un homicidio, en contraste con las versiones iniciales que apuntaban a un presunto suicidio tras el hallazgo de su cuerpo en la localidad costera de Montañita.

La activista fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio en su residencia ubicada en la provincia de Santa Elena, en Ecuador. Un día después del hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que se trataba de un suicidio. Sin embargo, días más tarde, el equipo jurídico de la familia informó que los resultados de la autopsia determinaron que la muerte correspondía a un asesinato.

Tras conocerse ese resultado forense, diferentes organismos internacionales solicitaron el esclarecimiento de los hechos. Una de las voces que se pronunció fue la relatora de Naciones Unidas para la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, quien instó al Estado ecuatoriano a garantizar la protección de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos y a detener cualquier forma de persecución, criminalización o vigilancia contra estas personas.

La funcionaria señaló que sigue de cerca el desarrollo del caso y sostuvo que la confirmación de que Silva no murió por suicidio sino por un acto violento le otorga una dimensión adicional al expediente. Asimismo, pidió que la investigación avance de manera exhaustiva y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Bolaños también manifestó que diversas organizaciones han reportado situaciones de hostilidad contra defensores de derechos humanos en Ecuador y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales encargados de su protección. En ese sentido, solicitó que las autoridades judiciales actúen frente a cualquier violación de derechos y garanticen el acceso a la justicia.

La petición fue respaldada por otras instancias internacionales. La Delegación de la Unión Europea en Ecuador expresó preocupación por la muerte de la activista y reiteró la importancia de ofrecer garantías de seguridad a quienes desarrollan labores relacionadas con la defensa de derechos humanos, el medioambiente y la participación ciudadana. De igual forma, la Embajada de Polonia, acreditada para Ecuador desde Lima, solicitó una investigación pronta, imparcial e independiente que permita establecer las circunstancias de la muerte.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que entre las líneas investigativas se contemple la posibilidad de que el crimen tenga relación con la actividad desarrollada por Silva en la defensa de derechos humanos y sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.

Monika Silva era reconocida en la provincia de Santa Elena por su participación en iniciativas ambientales y comunitarias. Durante los últimos años integró el Colectivo Ambiental Montañita, desde donde impulsó acciones relacionadas con la protección de ecosistemas costeros y presentó denuncias sobre proyectos de infraestructura y situaciones que, según sus planteamientos, afectaban el entorno ambiental de la región.

Entre los temas que promovió se encontraban cuestionamientos relacionados con el sistema de tratamiento de aguas en Montañita, denuncias sobre presuntas irregularidades en obras públicas y acciones para la protección de manglares y especies marinas que habitan la zona costera. También participó en iniciativas orientadas a frenar proyectos urbanísticos que consideraba incompatibles con áreas de conservación ambiental.

Organizaciones sociales y de derechos humanos recordaron además que la activista había denunciado amenazas derivadas de su actividad pública. Tras conocerse su muerte, varias plataformas ciudadanas suscribieron pronunciamientos en los que reclamaron garantías para quienes ejercen labores de vigilancia ciudadana y defensa ambiental.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades ecuatorianas continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de la ciudadana polaca, un caso que permanece bajo observación de organismos internacionales, representantes diplomáticos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

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