Ecuador prorrogó y amplió toque de queda nocturno en nueve provincias por inseguridad

El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, oficializó la aplicación de un nuevo toque de queda nocturno en nueve provincias y cuatro municipios del país, como parte de su estrategia para enfrentar la crisis de seguridad asociada al crimen organizado.

La medida estará vigente entre el 3 y el 18 de mayo y restringirá la movilidad entre las 23:00 y las 05:00, la decisión alcanzó también a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los municipios de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Durante el periodo de restricción, el Ejecutivo suspendió temporalmente derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, en el marco del estado de excepción que se mantiene vigente desde abril debido a la inseguridad en el país.

Hay que expresar que la medida dejó por fuera a sectores considerados esenciales, entre ellos el personal de salud, la fuerza pública y los organismos de gestión de riesgos y emergencias, además de servicios estratégicos del Estado.

Asimismo, las autoridades dispusieron mecanismos para garantizar la continuidad de servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de actividades críticas.

El Gobierno justificó la decisión en la concentración de hechos violentos durante la noche, donde según datos oficiales, en periodos recientes se registraron decenas de homicidios entre las 23:00 y las 05:00, con especial incidencia en provincias como Guayas, una de las zonas más afectadas por la criminalidad.

Asimismo, el decreto se sustentaba en informes de inteligencia que señalaron un posible efecto de desplazamiento del delito. De acuerdo con estos análisis, restricciones anteriores habrían provocado que estructuras criminales trasladaran sus operaciones hacia territorios donde no regían medidas similares, lo que llevó al Ejecutivo a ampliar el alcance del toque de queda.

La estrategia de seguridad del Gobierno se enmarcó en la declaratoria de “conflicto armado interno” realizada en 2024, con la que se permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y el endurecimiento de las acciones contra bandas criminales catalogadas como terroristas.

Esta no es la primer vez que el gobierno de Ecuador toma esta decisión, ya que la ha empelado de manera recurrente acompañada de toques de queda como para tratar de mitigar la ola de violencia. Sin embargo, las cifras de criminalidad han seguido siendo elevadas. El país cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, según datos oficiales, lo que mantuvo el debate sobre la efectividad de estas medidas.

Las autoridades también reportaron resultados operativos durante la vigencia de restricciones anteriores, como detenciones, incautación de armas y destrucción de infraestructura utilizada por grupos ilegales. Aun así, el nivel de violencia se mantuvo como uno de los principales desafíos del país.

No obstante, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han cuestionado el uso prolongado de estas medidas, advirtiendo posibles afectaciones a derechos fundamentales, mientras que el Gobierno ha defendido su estrategia y ha insistido en que la prioridad ha sido recuperar el control territorial y reducir la actividad de las estructuras criminales.

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