Comunidad Andina solicitó diálogo institucional ante situación política y social en Bolivia
La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General de la Comunidad Andina emitieron un pronunciamiento en el que expresan seguimiento a la situación política y social que se presenta en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En el comunicado, el organismo regional señala la necesidad de que las diferencias entre actores políticos y sociales se tramiten dentro del marco constitucional y de los mecanismos democráticos vigentes. El documento indica que la coyuntura actual debe ser abordada mediante espacios de diálogo político con participación amplia, orientados a la generación de acuerdos entre sectores, en el marco del respeto al Estado de Derecho y de las autoridades elegidas mediante voto popular.
La Comunidad Andina enfatiza que estos elementos forman parte de los principios que orientan el funcionamiento institucional en los países miembros de la subregión. En el pronunciamiento también se hace referencia a hechos registrados durante el desarrollo de manifestaciones en territorio boliviano, en los que se han presentado alteraciones al orden público y afectaciones a la prestación de algunos servicios institucionales. De acuerdo con lo señalado por el organismo, estas situaciones han incidido en el desarrollo habitual de actividades de entidades estatales y servicios considerados esenciales.
Entre los hechos reportados en el contexto de las movilizaciones se incluyen daños a instalaciones públicas, afectaciones a infraestructura institucional y alteraciones en la operación de entidades del Estado. Según los registros mencionados en el comunicado, se han presentado incidentes en dependencias vinculadas al Ministerio de Trabajo de Bolivia, así como en instalaciones del Ministerio de Educación de Bolivia. También se han reportado hechos asociados a vehículos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) durante el desarrollo de las protestas.
El organismo regional señala que el contexto requiere que los actores involucrados actúen dentro de los procedimientos institucionales establecidos y con apego a los marcos constitucionales. En ese sentido, la Comunidad Andina hace referencia a la importancia de que las diferencias políticas sean tramitadas a través de canales de diálogo y mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico boliviano.
El comunicado añade que la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General consideran que el diálogo político constituye un instrumento para el abordaje de la situación actual, junto con la cooperación entre sectores y el uso de instancias institucionales. Asimismo, se indica que estos elementos deben ser considerados por los distintos actores en el escenario político y social del país.
En otro apartado del pronunciamiento, la Comunidad Andina señala que los hechos registrados en el marco de las movilizaciones han generado afectaciones en la operación de servicios públicos, lo cual ha sido observado por el organismo en el seguimiento de la situación. En ese contexto, se hace referencia a la necesidad de mantener el funcionamiento institucional y la continuidad de servicios básicos.
El comunicado también incluye un llamado dirigido a los distintos sectores sociales y políticos para que se privilegien los mecanismos de entendimiento y coordinación institucional. Según lo expresado, este llamado se orienta a que las diferencias se canalicen mediante procedimientos establecidos y dentro del marco de la institucionalidad vigente en el país.
En el mismo texto, la Comunidad Andina subraya la relevancia del respeto al orden constitucional y a los procedimientos democráticos como base de la convivencia institucional en los países de la subregión andina. Estos elementos son presentados como parte del marco común que orienta las relaciones entre los Estados miembros del organismo.
El pronunciamiento se da en medio de reportes de movilizaciones en diferentes regiones de Bolivia, en las que se han presentado concentraciones, desplazamientos de grupos sociales y acciones que han derivado en intervenciones de autoridades encargadas del orden público. En este contexto, el organismo regional mantiene el seguimiento a la evolución de la situación institucional y social en el país.


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