Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunció que el gobierno de Israel aceleró la anexión de territorios en el Área C de Cisjordania ocupada mediante una campaña que, según la organización, provocó el desplazamiento forzado de comunidades palestinas y consolidó el control israelí sobre extensas zonas del territorio.

El documento, titulado Borrado de todo lo palestino: Limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania, sostuvo que las políticas implementadas por las autoridades israelíes transformaron la anexión formal en un objetivo explícito de Estado.

Según el informe, estas medidas incluyeron la expansión acelerada de asentamientos, el incremento del respaldo financiero y logístico a los colonos y la apropiación de tierras palestinas.

La organización aseguró que la violencia ejercida por colonos israelíes formó parte de una estrategia respaldada institucionalmente para provocar el desplazamiento de comunidades palestinas.

Asimismo, expuso que estas acciones afectaron especialmente a las poblaciones beduinas y dedicadas al pastoreo que habitan el Área C, una región que representa más del 60 % de Cisjordania.

De acuerdo con datos citados por Amnistía Internacional provenientes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 117 comunidades palestinas sufrieron desplazamientos totales o parciales entre enero de 2023 y abril de este año, en este sentido, durante ese periodo, al menos 5.910 personas fueron desplazadas de manera forzada.

El informe también destacó el crecimiento de los asentamientos y puestos de avanzada israelíes en la zona, sobre el tema, mencionaron que, según cifras de la organización Peace Now, hasta abril existían 363 puestos de avanzada en Cisjordania ocupada, de los cuales 212 fueron establecidos desde 2023.

Amnistía sostuvo que muchos de estos enclaves fueron utilizados para ampliar el control sobre tierras palestinas destinadas tradicionalmente al pastoreo y la agricultura.

Además, indicó que las autoridades israelíes demolieron miles de viviendas y estructuras palestinas en el Área C entre 2023 y 2026, lo que contribuyó al desplazamiento de familias y comunidades enteras.

La investigación analizó la situación de 27 comunidades palestinas afectadas por desplazamientos forzados o en riesgo de sufrirlos. Para ello, el equipo entrevistó a residentes, activistas, periodistas y expertos legales, además de examinar centenares de fotografías, videos, imágenes satelitales y documentos oficiales.

Entre los casos destacados figura el de Zanuta, una comunidad beduina ubicada en las colinas del sur de Hebrón. Según el informe, la población abandonó el lugar tras años de hostigamiento y ataques atribuidos a colonos israelíes.

Amnistía afirmó que, pese a decisiones judiciales que ordenaban facilitar el retorno de sus habitantes, la comunidad permaneció desplazada debido a la persistencia de los ataques y la destrucción de infraestructura esencial.

La organización también documentó situaciones similares en comunidades del valle del Jordán, donde miles de personas continuaban expuestas al riesgo de desplazamiento.

Amnistía Internacional sostuvo que la respuesta internacional frente a estos hechos resultó insuficiente y pidió a los Estados adoptar medidas más contundentes. Entre sus recomendaciones figuraron la suspensión de relaciones comerciales, inversiones y formas de cooperación que, según la organización, contribuyan al mantenimiento de la ocupación israelí en los territorios palestinos.

Igualmente, solicitó la imposición de sanciones específicas contra autoridades israelíes señaladas por su presunta participación en políticas relacionadas con la expansión de asentamientos y el desplazamiento de población palestina.

El petróleo siguió subiendo su precio tras escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán