CICBF suscribió 12 contratos por más de 25 mil millones pese a Ley de Garantías

La representante a la Cámara y candidata al Senado Jennifer Pedraza denunció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habría suscrito 12 contratos nuevos por un valor de $25.812 millones cuando ya regía la restricción de contratación directa establecida por la Ley de Garantías.

Según la Congresista, estos se sumarían a otros 79 procesos para los cuales la entidad solicitó prórroga. De acuerdo con la información presentada, el ICBF pidió autorización para culminar procesos contractuales que se encontraban en curso y que no habrían finalizado antes de la entrada en vigor de la restricción electoral debido a fallas en la plataforma Colombia Compra Eficiente, administradora del sistema SECOP II.

Pedraza indicó que esa autorización aplicaba únicamente a procesos ya iniciados. En el detalle entregado, 28 contratos se encontraban en fase de diseño, 22 en configuración, 20 pendientes de firma por parte de la entidad y 9 pendientes de firma por el contratista.

La controversia se centra en otros 12 procesos que, según la denuncia, no habrían tenido trámites previos y habrían sido creados durante el periodo de restricción. En total, entre los 91 contratos señalados, la suma superaría los $121 mil millones.

La Congresista afirmó que la autorización de Colombia Compra Eficiente permitía continuar procesos iniciados, pero no crear nuevos ni perfeccionar contratos inexistentes durante el periodo prohibido. En ese contexto, sostuvo que los 12 contratos mencionados no contaban con etapas previas registradas en el sistema.

Pedraza también advirtió que 54 zonas del país quedaron sin contrato de alimentación, lo que obligó al ICBF a abrir una invitación pública por $47 mil millones. Según explicó, esta situación podría generar demoras en la prestación del servicio al inicio del año.

Entre los municipios mencionados se encuentran Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, en Antioquia, así como Segovia y Andes, además de localidades en departamentos como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima.

La Representante señaló que la falla técnica reportada por la entidad se habría presentado minutos antes de que iniciara la restricción por Ley de Garantías. Indicó que, aunque el protocolo de indisponibilidad de la plataforma permite seguir procesos en curso bajo determinadas condiciones, no autoriza la creación de nuevos contratos desde cero.

Ante los hechos expuestos, Pedraza solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que investiguen y hagan seguimiento a los procesos contractuales. En su denuncia pública, planteó que se debe establecer si lo ocurrido responde a deficiencias en la planeación o a posibles irregularidades en la contratación.