Revisión a recursos de la ART reveló millonarios compromisos contractuales con bajo avance de obras en los territorios

Una revisión sobre la ejecución de los recursos destinados a la transformación de los territorios dejó al descubierto una brecha entre el dinero comprometido mediante contratos y el avance efectivo de las obras. Así lo dio a conocer Valerie Lafaurie García, Consejera Presidencial para las Regiones y directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, quien presentó cifras correspondientes a diferentes programas y entidades vinculadas con la implementación de iniciativas en zonas priorizadas.

De acuerdo con la funcionaria, el análisis permitió identificar una situación recurrente en la ejecución presupuestal: los recursos aparecen comprometidos, pero las obras y actividades previstas no avanzan al mismo ritmo. "el problema puede resumirse en lo siguiente. Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo", señaló Lafaurie.

Para la vigencia de 2026, la ART cuenta con un presupuesto de inversión de 68.309 millones de pesos. De ese monto, el 91 por ciento ya figura como comprometido mediante contratos, mientras que los pagos efectivamente realizados representan apenas el 18 por ciento.

La revisión también identificó 92 proyectos cuyo valor conjunto se aproxima a los 179.000 millones de pesos y que presentan una ejecución física inferior al 30 por ciento de lo que estaba previsto.

Uno de los componentes que concentra especial atención corresponde a los recursos administrados a través del Fondo Colombia en Paz. Según las cifras expuestas por la Consejera, entre 2022 y 2026 se destinaron aproximadamente 368.000 millones de pesos a 7.600 contratos de prestación de servicios de la ART y de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Más del 95 por ciento de estos recursos tendría como fuente dicho fondo.

En 2025, particularmente, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos destinó cerca de 88.000 millones de pesos a contratos de prestación de servicios. Lafaurie indicó que ese valor representa un incremento significativo frente a los registros de 2022, al señalar que se trata de "una cifra que es 9.3 veces superior a lo registrado en el 2022".

A la revisión se sumaron posibles duplicidades en gastos administrativos relacionados con transporte y arrendamiento de sedes territoriales. Según lo expuesto, estas situaciones se habrían identificado entre la ART y la Dirección de Sustitución en 16 subregiones, por lo que hacen parte de los asuntos que deberán ser examinados.

En cuanto a los recursos asignados a ambas entidades mediante el Fondo Colombia en Paz, la revisión establece que entre 2022 y 2026 fueron destinados aproximadamente 2,9 billones de pesos. Más del 90 por ciento de esos recursos aparece comprometido contractualmente, pero el nivel de obras construidas o entregadas en territorio no supera el 40 por ciento de lo proyectado.

El programa Renacemos también aparece entre los componentes revisados. Allí fueron asignados 1,3 billones de pesos, mientras que el avance físico de las obras se ubica alrededor del 20 por ciento.

A este panorama se suman convenios suscritos por la Dirección de Sustitución con las Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Estos acuerdos superan los 760.000 millones de pesos y, según las cifras presentadas, registran un avance real que no supera el 30 por ciento.

Uno de los hallazgos más concretos corresponde a 13 contratos suscritos por la ART desde 2024 mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales. El valor aproximado de estos contratos asciende a 4.600 millones de pesos, pero su ejecución física aparece en cero por ciento.

La propia funcionaria puso el dato en términos directos: “Trece contratos suscritos por la ART desde 2024 mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales por aproximadamente 4itos entre 2022 y 2025 que todavía permanecen pendientes de liquidación. A esto se agregan observaciones relacionadas con la transparencia y.600 millones, que registran una ejecución física del 0 por ciento”.

El diagnóstico incluye además 19 convenios y contratos interadministrativos suscritos entre 2022 y 2025 que todavía permanecen pendientes de liquidación. A esto se agregan observaciones relacionadas con la transparencia y disponibilidad de la información contractual.

En ese punto, Lafaurie advirtió: "Se identificaron deficiencias en la publicación de información contractual y documentos de ejecución en el SECOP que deben ser subsanadas."